El senador de Comunidad Ciudadana (CC), Rodrigo Paz, ha denunciado el supuesto intento del Gobierno de presentar un decreto el 1 de mayo para que el Punto de Intercambio de Tráfico (PIT) pase a manos del Ministerio de Obras Públicas. Esto significaría un control total sobre todo el sistema de comunicaciones en Bolivia.
El PIT, que comprende a casi todas las empresas de telecomunicaciones del país, es actualmente un ente neutral regulado por la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT). Pertenece a la Asociación Latinoamericana de PIT y su principal función es evitar la injerencia política en diversos servicios de acceso a Internet, según afirmó Paz.
Una crisis evidente y la búsqueda de control
El senador Paz ha destacado la crisis que atraviesa Bolivia, especialmente en materia económica, con instituciones que otorgan calificaciones cada vez más bajas al país y con el agotamiento del gas, confirmado por el presidente Luis Arce.
Ante este escenario, Paz ha explicado que los Estados que enfrentan estos problemas suelen buscar controlar la justicia y la comunicación. Por tanto, ha pedido que se verifique cuanto antes la veracidad de este intento de someter al PIT.
Comparaciones con Venezuela y Nicaragua
Según el legislador opositor, Venezuela y Nicaragua han implementado esta misma política, lo que les permite controlar el sistema de comunicación de las familias, medios de comunicación, universidades e instituciones públicas y privadas. Además, ha enfatizado que ni Evo Morales se atrevió a implementar una medida similar cuando era presidente.
«Este decreto nacionalizará esta institución y, a partir de ello, controlará todas las comunicaciones posibles en Bolivia. Habrá un control sobre lo que se comunica a través de las redes sociales y los sistemas de comunicación. Creo que es algo muy serio», declaró el legislador.
Pedido a los medios de comunicación
Finalmente, Paz ha solicitado a los medios de comunicación que cuestionen al Gobierno sobre la veracidad de este decreto que se pretende anunciar el 1 de mayo, como una de las grandes ofertas de nacionalización en Bolivia, pero esta vez atentando contra la libertad de expresión.
