Con el objetivo de evitar debates sobre áreas protegidas, el ministro de Minería y Metalurgia de Bolivia, Alejandro Santos, ha anunciado la aceleración de los contratos para cooperativistas mineros auríferos en áreas rurales. Esta medida se tomó después de una reunión con representantes del sector minero.
Santos, quien asumió el cargo recientemente, fue propuesto por la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin), la entidad que agrupa a los productores auríferos del país. El año pasado, este sector protagonizó violentas protestas exigiendo menos impuestos y la asignación de nuevas áreas de operación en zonas protegidas.
Revisión de áreas rurales en conjunto con la Corporación Minera de Bolivia
En respuesta a las demandas de los presidentes de las cooperativas mineras, el ministro Santos ha anunciado que revisará la posibilidad de liberar áreas rurales en conjunto con ejecutivos de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol). Sin embargo, es importante tener en cuenta que otorgar contratos en áreas protegidas afectaría también a áreas rurales sin considerar la presencia de pueblos indígenas, territorios indígenas, Tierras Comunitarias de Origen (TCO), acuíferos, flora y biodiversidad, entre otros elementos naturales, según un informe de la Agencia de Noticias Ambientales (ANA).
Impacto ambiental de la minería en áreas protegidas y rurales
Es fundamental recordar que tanto en áreas protegidas como en otras zonas, las actividades mineras tienen consecuencias dañinas para las aguas subterráneas. La perforación y excavación suelen entrar en contacto directo con los acuíferos, aumentando el riesgo de contaminación del agua y provocando debilidad, hemorragias y muerte en los organismos intoxicados.
Según un reporte de EL DEBER, las áreas donde se explota oro comienzan en los Yungas de La Paz, por donde pasan los ríos Beni, Kaka y Tuichi. Entre las áreas protegidas afectadas por esta extracción se encuentran el Parque Nacional Madidi y el Parque Nacional Pilón Lajas. Uno de los ríos más afectados es el río Madre de Dios, donde se estima que operan 600 dragas.
