Ernesto Hernández Norzagaray/Latinoamérica21
¿Por qué el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, mencionó esta semana que la oposición está tramando un golpe de estado técnico a través del Poder Judicial? ¿Por qué lo hace sin aportar ninguna evidencia? ¿Por qué hasta el momento el Instituto Nacional Electoral (INE) no ha acusado recibo y lanzado un llamado a que no intervenga nuevamente en el proceso electoral? ¿Acaso no podría ser él quien está fraguando una forma para conservar el poder? Lo cierto es que su interferencia sistemática en el proceso electoral ha sido y es perniciosa, con el resultado de delitos electorales.
Nada tiene que ver esto con la libertad de expresión. AMLO no es un ciudadano más, sino el presidente de la República. Y los ciudadanos de a pie sí tienen derecho a la libertad de expresión, mientras que el presidente se debe a la Constitución. Recordemos que en la toma de posesión del cargo de presidente de la República juró “respetar y hacer respetar la Constitución y las leyes que de ella emanen”. O tiene una confusión mayúscula o actúa para provocar un escenario de ruptura de las reglas de convivencia democrática.
Las «conferencia mañaneras» de López Obrador se han convertido en el escenario perfecto para violar la ley. No sabemos si impunemente, porque si bien están los llamados del INE para que el presidente sea respetuoso con la ley electoral, también están las denuncias de la oposición, que, en su momento, el tribunal electoral deberá valorar qué tanto violan las leyes.
Y es que, más allá de lo que digan las encuestas de intención de voto, esas fotografías instantáneas, estamos ante lo que el politólogo Adam Pzerworski identifica como “incertidumbre democrática” por la formación de dos grandes bloques electorales: el del oficialismo que postula a Claudia Sheinbaum y el de la oposición que postula a Xóchilt Gálvez.
Ahora bien, según constitucionalistas y politólogos consultados por el diario El Universal entre los que destacan Mauricio Merino, Francisco Burgoa y Javier Martín Reyes, sería el propio AMLO quien esté fraguando un autogolpe de estado en el caso de que su candidata, Claudia Sheinbaum, no sea beneficiada por el voto mayoritario de los mexicanos.
Y podría el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la instancia constitucional encargada de validar y calificar la elección presidencial, quien salga a declarar después de desahogar los recursos interpuestos por las violaciones a la ley que no son legales o que no ganó su candidata.
O sea, el presidente se está poniendo los zapatos antes de espinarse. Y es que, como bien señala Mauricio Merino, el presidente viola sistemáticamente la Constitución al grado que usa los recursos del gobierno hasta para promover la venta de su último libro, donde da las gracias al pueblo de México. Y eso es inconstitucional.
Repito: el presidente se debe a la Constitución, no a sus humores y preferencias electorales. No es libertad de expresión: es otra cosa, y esa libertad está destinada a los simples mortales. Así que hay que estar atentos a sus desplantes incluso de una realidad que cada día se descompone más por la violencia imparable que ya no solo acaba con la vida personas sino también con su hábitat: pueblos enteros que están siendo desalojados por temor a la muerte o, peor, por las pérdidas familiares.
El artículo 29 de la Constitución establece que en una situación de excepción el presidente puede declarar suspendido el proceso electoral y continuar en forma extraordinaria en el poder como ha sucedido en otros países (léase, a propósito, el libro revelador Cómo mueren las democracias, de Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, profesores de la Universidad de Harvard, que se dieron a la tarea de documentar experiencias, así como proponer antídotos institucionales).
Lamentablemente, si las cosas empeoran, se están cuadrando para mal. Lo que está sucediendo en la calle y en los órganos electorales va perfilando un escenario que pone y pondrá a prueba a las instituciones democráticas. Y es que no es poca cosa lo que en estas elecciones está en juego. No son solo unos cargos públicos sino la vigencia del sistema democrático. Y eso le da otro carácter a la elección presidencial, y es en ella donde cobran sentido las palabras y los hechos de Palacio Nacional incluso más allá, en los sótanos de la política.
Y será entonces cuando podremos dar respuestas definitivas a las preguntas con las que abrimos este artículo. Esperemos que no sea demasiado tarde.
