Leonardo E. Stanley/Latinoamérica21
En ese momento la sociedad consideraba a los hombres de negocios como héroes, se pensaba en un futuro promisorio. Al poco tiempo llegó la crisis, que afectó al país en cuestión de manera profunda. La caída del producto bruto interno (PBI) resultó de las más pronunciadas, mientras varios sectores de la población perdían sus trabajo y ahorros. Muchos cayeron en la pobreza.
La crisis que afectó al país en cuestión indujo una fuerte devaluación, la cual profundizó aún más la recesión que se experimentaba mientras crecía la inflación. El sector financiero se hallaba fuertemente comprometido. La gravedad de la situación obligó al gobierno a recurrir al Fondo Monetario Internacional (FMI).
En el país en cuestión la reputación de la clase política resultó fuertemente afectada. Los partidos políticos tradicionales, que hasta ese momento habían dominado el escenario político, se vieron fuertemente desprestigiados. En los titulares de los principales medios periodísticos abundaban las denuncias de corrupción, se ventilaban los negociados de políticos y empresarios, o empresarios devenidos en políticos, y saltaban datos de sus cuentas en los principales paraísos fiscales.
El país en cuestión, afortunadamente, se hallaba bendecido de recursos naturales. Producía alimentos y energía a precios competitivos. Esto último atrajo inversiones en minería de criptomonedas, una actividad electrointensiva. La crisis imponía una mayor explotación de los recursos naturales, lo que para la dirigencia representaba la alternativa más rápida para obtener divisas y sortear la falta de fondos que mostraba la situación. A menudo se suscribía nueva deuda para dinamizar el nuevo sector; la historia sin fin.
Fruto de la devaluación, la posición externa del país en cuestión mejoró con rapidez. Afortunadamente, pero no tanto. Dicha mejora económica resultaba desigual, y la caída en la calidad de vida seguía perjudicando a numerosas familias.
El país en cuestión es considerado “pequeño”: tal es la calificación brindada por los manuales de economía internacional. Esta característica implica la imposibilidad de influir en la dinámica de los mercados internacionales, supongamos de energía o alimentos. El mismo manual plantea mercados globales operando en un marco competitivo. Las ventajas competitivas, al decir de David Ricardo, dinamizan el comercio al tiempo que garantizan el bienestar de los pueblos. No resulta este el ámbito para analizar la validez de tal teoría, aunque convendría observar visiones de economía internacional más recientes para así, por caso, comprender el éxito exportador de Japón, Corea del Sur o China. Aquellos que avanzaron lo hicieron a partir de recrear nuevas habilidades, generar ventajas dinámicas donde el Estado juega un rol preponderante, sea regulando bien promoviendo la “salida global” de sus empresas. Pensemos aquí en los aportes teóricos de Paul Krugman, o en las contribuciones empíricas de Alice Amsden, Ha-Joon Chang o Justin Lin.
Dejemos aquí el debate académico y cambiemos el ángulo de análisis. Si en la década de los 90 la globalización cegó a los hacedores de política de la verdad revelada detrás del “milagro asiático”, veinte años más tarde el ascenso de China mostraría su plena validez. Adentrado el siglo XXI, sin embargo, la geopolítica devendrá la visión preponderante de la economía global. Comercio e inversiones se ven interpelados por nuevas aproximaciones. Las políticas de industrialización ya no están cuestionadas, hasta el propio Fondo las promueve. También acepta la conveniencia de introducir medidas macroprudenciales para evitar los excesos que a menudo provoca la globalización financiera, una versión edulcorada de los controles de capitales vigentes en la posguerra.
Es momento donde los caminos se bifurcan, se descubren alternativas. Las historias nos presentan lecciones. Las crisis cuestionan, implican el devenir de momentos críticos, puntos de quiebre, reflejan un camino plagado de riesgos, pero también de oportunidades. Y, como manejando en una ruta, observamos múltiples señales. Algunas salidas pueden conducirnos al estancamiento, a terminar implementando un programa de “ajuste perpetuo” en beneficio de la minoría. Pero si elegimos convenientemente, la ruta puede conducirnos a un futuro más justo, más inclusivo. Cuando se presenta la bifurcación se relajan, momentáneamente, las restricciones políticas habituales. Estamos frente a un momento crítico, fundacional, que brinda la oportunidad para un profundo cambio en la organización social, en la protección ambiental.
Atravesar un momento crítico, sin embargo, no necesariamente nos lleva al cambio transformador. Algunas coyunturas refuerzan el modelo preexistente. Tal es el caso de Argentina, la tierra de las grandes oportunidades a menudo desperdiciadas. El faro cultural de América Latina, hoy gobernado por la extrema derecha que se disfraza de liberal pero actúa de manera poco republicana. De crisis en crisis desde los años 70, la sociedad argentina no logró superar el modelo de industrialización por sustitución de importaciones (ISI), pese a los límites que mostraba. Con la apertura financiera se terminó frustrando cualquier intento de crecimiento con inclusión. Toda política que intente minimizar la volatilidad que acompaña a la libre movilidad de capitales resulta ampliamente resistida. Toda herramienta que tienda a controlar los movimientos financieros transfronterizos resulta fuertemente cuestionada. Para las elites, todo resuena a keynesianismo.
El país se caracteriza también por la prevalencia de un consenso extractivo, ayer auspiciado por gobiernos neoliberales o neodesarrollistas, hoy instrumentado por el gobierno de extrema derecha y los mandatarios provinciales. Solo es posible salir de la crisis en cuestión a partir de los recursos, uno de los puntos centrales del gran “Acuerdo de Mayo” propuesto por Javier Milei. Ello implica, entre otras cosas, no desaprovechar la oportunidad que brinda vaca muerta. Aprovechándose de diversas ventajas impositivas, así como de amplios subsidios, en Zapala, localidad de la provincia del Neuquén, la energía eléctrica resulta extremadamente barata. Al menos para aquellos empresarios dedicados al minado de criptomonedas, una actividad que describen como motor de desarrollo –obviamente, con escaso recelo por sus efectos sobre el medio ambiente.
Si queremos arreglar la situación del país de manera definitiva, no queda otra que el ajuste y la degradación del medio ambiente. Aunque la austeridad castiga a muchos y beneficia a unos pocos. Pensemos si no cuáles son los sectores que ganaron y perdieron después de 100 días de La Libertad Avanza en el poder. Los salarios se pulverizan, las pensiones se licuan, aumentan los despidos, se cierran dependencias públicas. Se propone eliminar las excepciones a la ley de glaciares, avanzar con el extractivismo a toda costa. Mientras tanto, aumentan las prepagas, los servicios públicos devienen impagables, el aumento en los combustibles brinda ganancias extraordinarias a las petroleras, el sector financiero florece mientras las reservas de litio se regalan al mejor postor. Y así más. Libertad para los capitales. Libertad para contaminar el medio ambiente. Para las élites, el juego es a todo o nada. En nombre del mercado se justifican, con crueldad, los costos que generan las medidas. Las mayorías sufren mientras el círculo rojo festeja.
Afortunadamente, abundan los ejemplos de crisis económicas profundas que devinieron en oportunidades. Tal el caso de Islandia. Un país pequeño, tanto en lo poblacional como en lo económico, ciertamente mucho menos relevante que Argentina en el contexto internacional.
Señalado como modelo por su nivel de integración financiera y apertura económica, este país resultó fuertemente expuesto por la crisis financiera global (CFG) del 2008. La crisis fue total. A la abrupta caída en el nivel de actividad se sumó el colapso del sistema financiero: los tres principales bancos se declararon en quiebra. Al momento de la CFG, los activos combinados de estos bancos representaban 14 veces más que el PIB de Islandia. Los inversores olían sangre, particularmente aquellos asentados en Gran Bretaña –recordemos que estas entidades financieras captaron gran parte de sus depósitos en la plaza financiera de Londres–. Pero las autoridades lograron un acuerdo histórico con el Fondo, que reconoció la necesidad de reintroducir el control a los capitales transfronterizos.
En el acuerdo stand by (ASB), firmado a finales del 2008, Islandia acordó con el Fondo introducir medidas de control de capitales cuya permanencia se estimaba en un semestre. Pero será en 2017 cuando estas medidas comienzan a ser revertidas, aunque parcialmente: el control perdura hasta 2021. Al mismo tiempo, el gobierno introdujo una serie de regulaciones destinadas a preservar la estabilidad del sistema financiero doméstico. Ello permitió a las autoridades de la isla estabilizar el tipo de cambio y reprogramar su deuda al tiempo que diversificaba la economía.
El recambio político, por otra parte, permitió a Katrín Jakobsdóttir acceder en 2017 al poder. A partir de ese momento, la primera ministra, parte de la coalición de izquierda – verde, comenzó a implementar una serie de medidas políticas transformadoras. Pero fue la pandemia primero, y la invasión de Ucrania después, lo que terminó de moldear una nueva visión. Ante la irrupción de nuevos eventos críticos, y el agravamiento de la crisis geopolítica, Jakobsdóttir decidió prohibir la minería de criptomonedas, una actividad que consumía más electricidad que la totalidad de la población de la isla. Al mismo tiempo, el gobierno introducía un programa agrícola destinado a fortalecer la seguridad alimentaria tanto como aquella de corte energético. Tal decisión no resulta aislada. Este tipo de política resulta central en numerosos países de Asia, y es vital para China o India. Tras la invasión de Crimea en 2014, también la UE comenzó a reconocer la necesidad de este tipo de medidas. La escalada de Rusia fortaleció esta política.
Hasta aquí las lecciones del país en cuestión, una historia abierta a finales diversos. Uno de ellos es distópico: privilegia la rentabilidad de unos pocos a costa del sacrificio de la mayoría tanto como la denigración del medio ambiente. La pobreza que corroe el tejido social de una Argentina que supo iluminar culturalmente a la región. Una crisis de biodiversidad que se oculta tanto como se niega el cambio climático. Otro es promisorio: resalta la búsqueda de un futuro inclusivo y sostenible, donde la ética sustente el diseño de políticas públicas, la planificación de medidas para evitar las hambrunas del mañana o la garantía del calefaccionamiento de los hogares. Escapa a este artículo destacar qué nos depara el futuro; lo único que puede aseverarse es la imposibilidad de volver al pasado. A veces la libertad atrasa.
