Julie Radomski/Latinoamérica21
La Central Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair ubicada en Ecuador es uno de los proyectos chinos más antiguos, más grandes y polémicos de América Latina. Destinado a proporcionar aproximadamente entre el 20% y el 30% de la producción eléctrica diaria de Ecuador, el proyecto hidroeléctrico fue construido por la empresa estatal china Sinohydro y financiado mediante un préstamo del Banco de Exportación e Importación de China. Sin embargo, tras su inauguración en noviembre de 2016, la presencia de fisuras en las tuberías de distribución de la central eléctrica, las amenazas a la obra de captación por una severa erosión regresiva y una investigación de corrupción multimillonaria que involucra al ex-Presidente de Ecuador Lenín Moreno, han generado innumerables titulares titulares en los medios internacionales.
Además, ocho años después de su inauguración formal, el proyecto aún no ha sido “recibido” formalmente por el gobierno ecuatoriano del contratista Sinohydro, que completaría el contrato llave en mano. Y es que a pesar de los repetidos procedimientos de soldadura, las fisuras mencionadas aún no han sido reparadas por completo y se ha puesto en duda si es posible una reparación duradera.
Ecuador y Sinohydro se encuentran actualmente en un proceso de arbitraje internacional para determinar cómo se resolverán las fisuras. Mientras tanto, se reporta que se están llevando a cabo negociaciones entre el gobierno ecuatoriano y Sinohydro para concluir un acuerdo en el que Ecuador le cedería la operación del proyecto a cambio de “liquidez”. Actualmente la hidroeléctrica es operada por la Empresa Pública Estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador por medio de una Unidad de Negocio específica para el complejo Coca Codo Sinclair.
Si Sinohydro asume las operaciones de Coca Codo Sinclair, esto puede hacer sonar las alarmas entre los críticos de los proyectos de infraestructura chinos que advierten a los países del Sur Global contra la “diplomacia de la trampa de la deuda”. Aunque la narrativa china de la “trampa de la deuda” ha sido refutada repetidamente por los académicos, el debate sigue siendo prominente, particularmente entre los actores estadounidenses. Parte de la narrativa es que China puede tomar el control de proyectos de infraestructura vitales, amenazando así la soberanía de los países (el puerto de Hambantota en Sri Lanka es el principal ejemplo citado por los defensores de la trampa de la deuda).
Sin embargo, el potencial arrendamiento de Coca Codo Sinclair a Sinohydro no es la historia de una trampa de deuda. Muchos ecuatorianos estarían ansiosos de que Sinohydro asumiera la responsabilidad de este arriesgado proyecto, que según algunos ingenieros corre el riesgo de colapsar debido a las fisuras (en la casa de máquinas) y, por separado, a la erosión regresiva del río Coca (la obra de captación).
Además, Sinohydro, y el gobierno chino por delegación, se centran en controlar los daños a la reputación en lugar de buscar un punto de apoyo geoestratégico en Ecuador. Los diversos escándalos del proyecto han puesto a los medios chinos a la defensiva y Sinohydro Ecuador incluso lanzó una campaña en las redes sociales para moderar las duras críticas. En base a múltiples fuentes, los actores chinos están muy en sintonía con la mala publicidad generada por el proyecto, así como con los altos costos de mantener el status quo. El acuerdo podría potencialmente resolver un dilema tanto para Sinohydro como para el Estado ecuatoriano: Sinohydro no dejaría atrás un proyecto muy difamado y supuestamente «desmoronado» y Ecuador ganaría dinero en lugar de arriesgarse a nuevos escándalos.
Los rumores sobre la posible concesión de Coca Codo Sinclair por parte de Ecuador comenzaron a circular en noviembre de 2022 cuando el entonces Ministro de Energía Fernando Santos afirmó que lo ideal sería que Sinohydro “se quedara” con el proyecto. En diciembre de 2022, Santos explicó que esa posibilidad había sido discutida por la dirección de Sinohydro, el entonces presidente de Ecuador Guillermo Lasso y el embajador de China en Ecuador.
En ese marco, Sinohydro sería responsable de la reparación, operación y administración de la instalación hidroeléctrica y, a cambio, devolvería parte del dinero invertido por Ecuador. Resumió el acuerdo así: “Ellos corren el riesgo, porque es altísimo. Ellos dicen que la obra durará 50 años. Perfecto. Devuélvannos la plata y les devolvemos la obra”. El gerente general de la empresa pública de electricidad de Ecuador, CELEC, afirmó que el hipotético acuerdo con PowerChina, la matriz, delegaría su funcionamiento durante aproximadamente 30 años.
La posibilidad de concesionar el proyecto de infraestructura más grande de Ecuador, comprensiblemente, provocó un debate interno. Los críticos afirmaron que este acuerdo representaría un fracaso para el Estado ecuatoriano, ya que significaría mayores precios de la electricidad para los ciudadanos. Privatizaría efectivamente la infraestructura pública que es crítica para el desarrollo nacional. El gobierno tendría que negociar el precio de la concesión, su duración (probablemente entre 20 y 30 años) y el precio por kilovatio/hora al que el Estado recompraría electricidad a Coca Codo Sinclair. Que la concesión del proyecto ayude o perjudique los intereses ecuatorianos depende de estos precios.
Mientras tanto, en marzo de 2023 Sinohydro decidió posponer las negociaciones sobre Coca Codo Sinclair a la luz de la acusación por parte de la Fiscalía General de 25 personas por acusaciones de soborno en torno al proyecto, incluidos cuatro representantes de Sinohydro y un exembajador chino. El Ministro de Energía Fernando Santos afirmó repetidamente que las negociaciones avanzarían, pero avanzaron lentamente, especialmente cuando el expresidente Lasso disolvió la Asamblea Nacional y convocó a elecciones anticipadas (muerte cruzada).
Tras las elecciones nacionales de agosto de 2023, se celebró una reunión entre el Ministerio de Energía y PowerChina, pero después de que el nuevo presidente Daniel Noboa asumiera el cargo en noviembre, pronto reemplazó a Santos por la actual Ministra de Energía, Andrea Arrobo. No estaba claro si la administración de Noboa continuaría con las negociaciones de Coca Codo Sinclair. Más recientemente, en febrero de 2024, la Canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfield transmitió en una entrevista que la concesión de Coca Codo Sinclair, junto con la presa Toachi-Pilatón, todavía estaba sobre la mesa. Afirmó que entidades chinas operarían las represas a cambio de “liquidez”, aunque no ofreció más detalles.
Coca Codo Sinclair suministró un total de 40% de la producción eléctrica de Ecuador al 11 de marzo según el Operador Nacional de Electricidad CENACE. Difícilmente se puede subestimar el impacto de este proyecto en la confiabilidad y el costo de la electricidad en Ecuador, especialmente en un contexto donde la escasez de electricidad ya es un problema crítico que probablemente lo será aún más como resultado del cambio climático. En última instancia, los términos del acuerdo negociado entre Sinohydro y el Estado ecuatoriano (sobre el precio de la concesión, su duración y el precio de la electricidad) son primordiales.
El verdadero debate es si el pueblo ecuatoriano se beneficiará de la concesión de un proyecto público a una empresa internacional, no los objetivos geopolíticos del Estado chino. Si se puede llegar a un acuerdo que satisfaga a ambas partes, así como al pueblo ecuatoriano, los observadores deberían centrar su análisis en los términos del acuerdo y resistir la tentación de encajar el destino de Coca Codo Sinclair en una narrativa mal concebida sobre la trampa de la deuda.
* Este texto fue publicado originalmente en la web de REDCAEM
Candidata a PhD en Relaciones Internacionales, con enfoque en los proyectos de infraestructura chinos en América Latina en la American University. Miembro de la REDCAEM (China-América Latina).
