El diputado «arcista» Rolando Cuéllar ha manifestado la necesidad de investigar al exprocurador del Estado, Wilfredo Chávez, y al actual procurador, César Siles, por ocultar información relacionada con el caso del Hotel Las Américas. Cuéllar sostiene que ambos funcionarios podrían ser acusados de daño económico al Estado e incumplimiento de deberes debido a su presunta participación en el archivamiento deliberado de la denuncia.
Según Cuéllar, el exprocurador Chávez tenía conocimiento de la intención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de investigar al estado boliviano desde el año 2020. Esta información podría implicar al exprocurador en el ocultamiento de la denuncia, lo que podría acarrearle cargos por daño económico al Estado e incumplimiento de deberes.
Críticas al actual procurador por los mismos delitos
Cuéllar también ha criticado al actual procurador, César Siles, por los mismos delitos. El diputado lo acusa de no informar al país sobre el rechazo a la recomendación de la CIDH, que data del 28 de agosto de 2020, y de negarse a investigar a Evo Morales por las muertes ocurridas en el Hotel Las Américas.
Responsabilidad del Ministerio Público en una multa millonaria
El legislador «arcista» ha declarado que debido a la actuación del Ministerio Público y del exprocurador Wilfredo Chávez, el Estado boliviano se enfrenta a una multa millonaria por las ejecuciones ordenadas por Evo Morales. El plazo para el pago de la multa vence este jueves, generando preocupación en el país.
Apoyo de los diputados a la denuncia de la Defensoría del Pueblo
Ante esta situación, Cuéllar ha anunciado que los diputados se sumarán a la denuncia presentada por la Defensoría del Pueblo, entidad que se ha pronunciado en contra del encubrimiento de información durante casi tres años. Esta acción busca garantizar la transparencia y el acceso a la verdad en el caso del Hotel Las Américas.
Opiniones divergentes sobre el tema
Por su parte, el diputado «evista» Santos Mamani ha señalado que este caso es puramente político y que las recomendaciones de la CIDH deberían haberse aplicado en 2020. Mamani acusa al Gobierno de esperar hasta ahora para perjudicar a Evo Morales en un año preelectoral. Según él, esta estrategia busca desviar la atención de otros problemas como la crisis económica, la escasez de dólares, los casos de corrupción y los contratos relacionados con el litio.
