Un tribunal de Estados Unidos ha determinado que el exministro de Gobierno de Bolivia, Arturo Murillo, deberá indemnizar al país con una suma de 6.287.525,42 dólares estadounidenses como compensación por el daño económico causado en el caso conocido como «gases lacrimógenos». Esta sentencia ha sido confirmada por el abogado estadounidense Thomas Becker, quien está vinculado a la defensa de las víctimas de otros casos emblemáticos en Bolivia.
De acuerdo con el documento «Sentencia final parcial contra Arturo Carlos Murillo Prijic», emitido por el Undécimo Distrito Judicial de Miami, Florida, se establece que Murillo deberá pagar no solo por el daño económico causado en el caso de los gases lacrimógenos, sino también por los costos legales del proceso.
Detalle de la indemnización
La indemnización que Murillo deberá pagar al país se desglosa de la siguiente manera: 2.291.402,00 dólares por daños reales, 443.319,42 dólares por intereses previos al juicio devengados desde abril de 2020 hasta marzo de 2024, 569,09 dólares de viáticos por día hasta la sentencia definitiva y 1.030.000 dólares por otras fuentes relacionadas con el litigio.
Becker explicó que Murillo perdió el caso debido a su falta de participación y respuesta al juicio. Además, aclaró que este proceso civil es independiente de la causa criminal que resultó en una condena para Murillo en enero de este año, donde fue sentenciado a 70 meses de cárcel por soborno internacional y lavado de dinero proveniente de la corrupción.
Reacciones y solicitud de extradición
Ante la noticia de la sentencia, el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Rolando Cuellar, consideró que el monto económico es insuficiente y propuso que, en caso de que Murillo no pueda pagar la indemnización, se le confisquen sus bienes y los de sus familiares.
Por su parte, los Ponchos Rojos de Omasuyos solicitaron la pronta extradición de Murillo para que sea juzgado por la justicia comunitaria en Bolivia.
El caso de los gases lacrimógenos
El caso investiga el sobreprecio en la compra de gases lacrimógenos durante la gestión de Murillo en el gobierno de Jeanine Añez. Según las investigaciones, Murillo y empresarios amigos adquirieron con sobreprecio un lote de gases lacrimógenos de la empresa brasileña Cóndor a través de la intermediaria Bravo Tactical Solutions LLC (BTS) de Estados Unidos.
El gobierno de Añez desembolsó 5,6 millones de dólares para pagar el equipamiento antidisturbios, de los cuales aproximadamente 2,3 millones de dólares se pagaron a la empresa intermediaria. Parte de ese dinero fue ingresado en Estados Unidos sin justificación.
Bolivia recurrió a la Justicia de Estados Unidos para recuperar el dinero y, tras varios recursos, presentó una tercera enmienda el 17 de febrero de 2023. Los últimos argumentos del Estado fueron presentados el 24 de marzo de 2024.
En relación al caso, Sergio Méndez, jefe de gabinete de Murillo, fue deportado desde Estados Unidos y se encuentra en el penal de San Pedro en La Paz con detención preventiva por el presunto delito de legitimación de ganancias ilícitas.
