Camila Rodríguez/Latinoamérica21
“Hola, se llevaron a mi hijo. No sé qué hacer”. Es uno de los mensajes que regularmente llegan al WhatsApp de Justicia 11J, un programa de la Iniciativa para la Investigación y la Incidencia A.C., una Organización de la Sociedad Civil especializada en derechos humanos. Es un mensaje que, con poquísimas palabras, refleja el miedo y la desesperación ante las detenciones arbitrarias que suceden en Cuba, en relación con manifestaciones pacíficas en el espacio público.
Este marzo, se ha vuelto a desatar otra ola de protestas en el país. Aún no finaliza el mes, y ya han sucedido al menos 40 eventos de protestas de distintas magnitud y tipo de acción. 24 municipios de 12 provincias han visto o escuchado el descontento social, económico y político de ciudadanas y ciudadanos que ya no pueden ni quieren aguantar la dictadura.
Las protestas de Bayamo (Granma), la Carreta del Morro, el Distrito y El Cobre (Santiago de Cuba) y Santa Marta (Matanzas), los días 17 y 18, son apenas los picos mediatizados de expresiones contestatarias desde semanas atrás que también han dejado un saldo en víctimas. Se ha gritado “Comida y medicina”, “Tenemos hambre”, que se restablezca el servicio de energía eléctrica -otra vez en crisis-, y también, se ha pedido que se acabe con la raíz del mal; se han escuchado consignas de “Libertad”, “Patria y Vida”, “Abajo la dictadura”, “Abajo el comunismo” y “Abajo Díaz-Canel”.
En contraste con los numerosos reportes de detenciones recibidos por Justicia 11J, provenientes de familiares de manifestantes del estallido social de julio de 2021 y los posteriores picos de protestas de 2022, han sido pocas las personas que han compartido información sobre desapariciones forzadas de corta duración y detenciones arbitrarias en relación con las manifestaciones de marzo. Aunque hemos recibido denuncias sobre decenas de personas que pudiesen hoy estar tras las rejas de los centros de Instrucción, o de las prisiones mismas, hasta la mañana del lunes 25, Justicia 11J solo ha podido identificar a 18 personas detenidas a la espera de las conclusiones provisionales de la Fiscalía que, casi seguramente, no desestimará las causas.
A la vez, sabemos de manifestantes a los que su libertad, luego de horas o días de detención, les ha costado miles de pesos, pagados al Estado como multas, por presuntos actos de “desórdenes públicos”.
En estos días, todo es muy incierto en el país. Aunque en las jornadas de protestas el régimen informó sobre una supuesta recuperación de los servicios de energía y la próxima distribución de productos normados de alimentación para aplacar a una ciudadanía desesperada, lo cierto es que no tiene cómo sostener sus declaraciones. Los reclamos ciudadanos y las detenciones van a continuar y van a aparecer más consignas, porque cada día se reciclan más razones por las que gritar. Las lluvias del fin de semana en La Habana han dejado un saldo de al menos 200 derrumbes, que suponen decenas de familias sin hogar.
Mientras tanto, la Unión Europea, que mantiene con Cuba un Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación, que fue evaluado como positivo a finales de 2023 durante la visita oficial a La Habana del Alto Representante para los Derechos Humanos Sr. Eamon Gilmore, no se ha expresado sobre los eventos represivos en el país, aún cuando la sociedad civil continuamente le hace llamados de atención y pide la condena al régimen. Son pocos los países democráticos que a esta hora han apoyado las causas del pueblo cubano nuevamente en las calles, a solo pocos días de que el Estado rechazara 28 recomendaciones relacionadas justamente con los derechos a la libertad de expresión y de asociación, en el recién finalizado Cuarto ciclo del Examen Periódico Universal a Cuba.
Nuevamente, urge pedir a la Unión Europea que ponga en práctica acciones concretas de apoyo a la ciudadanía cubana y de acompañamiento a las víctimas de la represión y sus familias, y que ponga fin a un acuerdo intergubernamental que solo ha legitimado a un régimen que ya no nos deja vivir con dignidad.
También, es imperativo que la comunidad internacional dé seguimiento a los acontecimientos en Cuba, y que denuncie oportunamente las constantes violaciones de derechos humanos, puestas en relación con el carácter dictatorial y la ausencia de espacio cívico en el país. El embargo de los Estados Unidos no es la causa ni primera, ni fundamental, de las carencias en Cuba, sino la falta de libertades y la pésima administración de todos los bienes públicos, a lo largo de más de seis décadas. Y por último, el embargo tampoco es la excusa para las violaciones de derechos elementales, la existencia de personas privadas de libertad por motivos políticos, la represión y el hostigamiento contra las voces disidentes, la negación de acceso a juicios politizados y prisiones, y del desarrollo de elecciones antidemocráticas.
Mientras usted lee este texto, muchos cubanos permanecen sin servicio eléctrico en Cuba. Quién sabe si en la noche, en el noticiero de la televisión, algún funcionario aludirá a las carencias y a la falta de recursos. Definitivamente, no mencionará los medios que sí se destinaron para vigilar las redes y mantener el aparato policial que, apenas unos días atrás detuvieron a Victor Manuel Hidalgo Cabrales, quien solo escribió en su perfil de Facebook: “¿Oye Las Tunas qué? La ponen 4 y la quitan 5 y 6. ¿Nos vamos a quedar así?”.
*La versión original de este texto fue publicado en Altavoz, el newsletter de la organización internacional Civil Rights Defenders. La cifra de las personas detenidas se ha actualizado para esta publicación.
