Franz Flores Castro/Latinoamérica21
El pasado 12 de marzo, tres expresidentes y una vicepresidenta intentaron lo imposible: reconciliar a Evo Morales con Luis Arce. Aunque no lo sabemos a ciencia cierta, es probable que Evo y Lucho se hayan sentado en la misma mesa y hayan compartido una sabrosa comida digna del hotel de 5 estrellas que hacía de escenario del encuentro del Grupo de Puebla (una organización que agrupa a notables personajes de la izquierda latinoamericana y mundial) pero se hayan negado a iniciar al menos una breve conversación.
El dato curioso es que los exmandatarios que tomaron la iniciativa tienen un pasado político que no los habilita ni como afectos a la reconciliación ni como respetuosos de la ley y la Constitución. En primer lugar, estaba el expresidente argentino Alberto Fernández, que dejó un país no solo en ruinas, producto de la corrupción y de la mala gestión, sino absolutamente dividido, al punto que facilitó la llegada al poder de un polarizador de capa y espada como Javier Milei.
También estaba el expresidente colombiano Ernesto Samper, quien respaldó la permanencia indefinida de Morales en el poder porque decía que se trataba una reelección “de las buenas”. Finalmente, se encontraba el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, quien apoyó militantemente los afanes de eternización en el poder de varios presidentes latinoamericanos en foros y entrevistas.
Cabe mencionar que también estuvo presente la venezolana Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Nicolás Maduro, quien en vez de negociar o hablar con sus opositores prefiere encarcelarlos para así facilitar un nuevo periodo presidencial.
Este intento, con rótulo de urgente, de acercamiento entre Evo y Lucho ocurre porque se han prendido todas las luces rojas del progresismo internacional a raíz de que los partidos de derecha ya se han llevado por delante a varios partidos de izquierda, como el correísmo en Ecuador y el peronismo en la Argentina, y nada hace prever que este desangramiento vaya a parar.
En Chile, el izquierdista Gabriel Boric tiene una gestión a tal punto deficiente (35% de popularidad) que se prevé un futuro gobierno de derecha. En Ecuador, su actual mandatario Daniel Noboa (empresario y neoliberal) ronda el 80% de popularidad a raíz de sus medidas anticrimen. En Brasil, pese a que Bolsonaro se encuentra inhabilitado por ocho años a una postulación electiva, ha tomado las riendas de su partido su popular esposa, Michelle de Paula Firmo, cuyo conservadurismo hace que el expresidente de Brasil, a su lado, parezca un corderito bíblico.
Pero esto no es todo. Hoy con mayor o menor medida se cierne sobre todos los países de América Latina el riesgo de un incremento de la inseguridad ciudadana a raíz de la penetración del narcotráfico. Esto coloca la “solución Bukele” como la óptima no solo para parar la violencia en las calles sino para conseguir votos de parte de partidos de derecha que toman al presidente salvadoreño como ejemplo a seguir.
Los integrantes del Grupo de Puebla (GP) piensan que esta ola de gobiernos de derecha puede llegar a Bolivia, sacando del poder al MAS y colocando a un político de derecha en la presidencia, lo que sin duda reconfiguraría, aún más, el panorama político de América Latina y pondría en cuestión los equilibrios geopolíticos.
En el caso de Bolivia, estas preocupaciones son vanas. Por una parte, la oposición está fragmentada: en el poder legislativo Creemos y Comunidad Ciudadana adolecen de problemas internos, andan divididos y sin rumbo claro; y, por la otra, el departamento de Santa Cruz, que siempre fue un bastión contrario al MAS, hoy no encuentra rumbo ni líder claro que continue con esta tradición.
De todos modos, los miembros del GP se equivocan si creen que la crisis del progresismo es un mero asunto de unidad y que poner en concordia a los díscolos será suficiente. No se dan cuenta, o no quieren darse cuenta, de que la crisis tiene dos lastres que la están llevando al abismo: su obsesión por la perpetuación en el poder (justamente aquello que Zapatero y Samper aplauden a rabiar), y la corrupción e ineficiencia estatal.
El Grupo de Puebla nació para hacer perdurar a la izquierda en nuestro continente. Dice defender la democracia y sus valores, empero respalda a líderes autoritarios y mira hacia otro lado cuando se violan las normas democráticas. Lo que necesita nuestro país no es que Evo Morales y Luis Arce se reconcilien; más loable y productivo sería que los líderes del GP les hagan entender que no se puede construir democracia sobre las ruinas de las instituciones, la Constitución y los derechos civiles.
