La Fiscalía ha presentado una acusación formal contra el teniente de Policía y boxeador Franklin «Matador» Mamani por el delito de homicidio en el caso de las muertes ocurridas en El Pedregal, La Paz, durante la crisis de 2019. La defensa del acusado ha denunciado maniobras injustas y arbitrarias basadas en una declaración cambiada de una testigo y movimientos del Gobierno.
Según la defensa, Mamani estaba por recibir detención domiciliaria en la audiencia del 16 de marzo, pero el fiscal Gustavo Valdés presentó de manera sorpresiva la Resolución de Acusación Fiscal. El Ministerio Público ha solicitado una pena de 20 años de prisión para Mamani en el penal de Chonchocoro, La Paz, donde se encuentra el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.
Acusaciones por muertes durante conflicto electoral
Mamani es acusado por las muertes de Percy Romer Conde Noguera (33 años), Beltrán Paulino Condori Aruni (23) y Juan Martín Pérez Taco (18), ocurridas durante un operativo policial llevado a cabo el 11 de noviembre de 2019 en la zona El Pedregal, al sur de la ciudad de La Paz, durante el conflicto electoral de 2019. La Fiscalía sostiene que las tres personas fallecieron a causa de disparos de arma de fuego realizados por un contingente policial instruido por Mamani, quien ejercía como subcomandante de la Policía de la zona Sur.
Defensa alega inocencia y señala a otro comandante
La defensa del teniente Mamani mantiene que su cliente es inocente y que el comandante de la Policía de la zona Sur en ese entonces era el fallecido coronel Fuad Vaca. Según la defensa, la acusación de la Fiscalía se basa en el testimonio cambiante de una testigo que inicialmente negó haber presenciado los hechos, pero luego identificó a Mamani en el lugar de los hechos. Además, denuncian que esta testigo obtuvo un cargo público en la línea morada del teleférico después de cambiar su declaración, lo que genera dudas sobre la veracidad y motivación detrás de su cambio de testimonio.
Apelación a la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Frente a la acusación, la defensa ha anunciado que acudirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en busca de justicia y resarcimiento. Consideran que podrían existir maniobras injustas y arbitrarias por parte de funcionarios del Ministerio Público y Ministerio de Gobierno. La búsqueda de justicia y el esclarecimiento de los hechos continúan en este caso que ha generado gran atención en la opinión pública.
