El ministro de Justicia y Derechos Humanos de Perú, Eduardo Arana, ha expresado su preocupación por el allanamiento del domicilio de la presidenta Dina Boluarte y del Palacio de Gobierno. Según Arana, esta acción representa una politización de la justicia y pone en evidencia el resquebrajamiento del sistema democrático y la constitucionalidad del país.
Arana ha detallado que más de 20 policías y 20 fiscales participaron en el allanamiento, considerándolo una medida desproporcionada, inconstitucional e ilegal. Durante cinco horas, el domicilio de Boluarte fue registrado, seguido del allanamiento en el Palacio de Gobierno en la madrugada del sábado.
Investigación por enriquecimiento ilícito
El allanamiento forma parte de una investigación preliminar abierta el pasado 18 de marzo contra la presidenta Boluarte por presunto enriquecimiento ilícito. La medida ha generado controversia y ha sido criticada por su impacto en la institucionalidad democrática y en la presidencia del país.
Preocupación por la politización de la justicia
El ministro Arana ha manifestado su preocupación por la politización de la justicia, considerando este allanamiento como un hecho sin precedentes que atenta contra la institucionalidad democrática y la constitucionalidad del país. Esta situación pone en evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y equilibrio en el sistema judicial peruano.
Un llamado a preservar la democracia
Ante este escenario, el ministro de Justicia y Derechos Humanos hace un llamado a preservar la democracia y garantizar el respeto a los principios constitucionales. Es fundamental que las investigaciones se realicen de manera imparcial y respetando el debido proceso, evitando cualquier politización que pueda socavar la confianza en el sistema judicial y en la institucionalidad democrática del país.
Fuente: EFE
