El pasado 4 de marzo, en el municipio de Santa Rosa del Sara, en la zona norte del departamento de Santa Cruz, se dio a conocer el caso de una menor de 11 años que está embarazada como resultado de haber sido víctima de violación por parte de su padrastro. La denuncia fue realizada por la propia menor a su maestra, lo que llevó a la intervención de las autoridades.
Tras la denuncia, el acusado se sometió a un procedimiento abreviado en el cual admitió su culpabilidad. Como resultado, fue condenado a una sentencia de 30 años de prisión sin derecho a indulto. Este hecho ha generado conmoción en la comunidad y ha puesto en evidencia la importancia de proteger a los niños y adolescentes de situaciones de abuso y violencia.
La difícil decisión de la menor
La menor, quien lleva 28 semanas de gestación, fue derivada a la Maternidad Percy Boland en la ciudad de Santa Cruz para recibir atención médica. Según el Código Penal Boliviano, en casos de embarazo producto de violación, se permite la Interrupción Legal del Embarazo (ILE). Sin embargo, debido al avanzado estado de gestación, no se puede realizar el aborto. A pesar del riesgo que esto implica tanto para la menor como para el bebé, la niña ha decidido continuar con el embarazo.
La madre y su apoyo a la decisión de la menor
La madre de la menor, quien se enteró de lo sucedido recientemente, ha manifestado su apoyo a la decisión de su hija de tener al bebé. Aunque reconoce los riesgos que esto conlleva, respeta la elección de la menor y confía en que los médicos brindarán la atención necesaria. La madre también ha expresado su preocupación por la seguridad de su hija y ha asegurado que estará presente para cuidar de ella y de sus otros dos hijos.
Reflexiones finales
Este lamentable caso pone de manifiesto la importancia de fortalecer los mecanismos de protección y prevención para evitar situaciones de abuso y violencia contra los niños y adolescentes. Asimismo, resalta la necesidad de brindar apoyo y contención a las víctimas, así como de garantizar el acceso a servicios de salud adecuados en casos como este. Es responsabilidad de toda la sociedad trabajar en conjunto para proteger a los más vulnerables y garantizarles un entorno seguro y libre de violencia.
