Bolivia asumió este lunes la presidencia pro témpore de la Plataforma Regional de Lucha Contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, un espacio de cooperación creado el año pasado junto a Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. En representación del Gobierno de Bolivia participaron en el evento en La Paz la ministra de Exteriores, Celinda Sosa, y el ministro de Justicia, Iván Lima, junto a la jefa de oficina de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en Argentina, Gabriela Fernández.
Una de las primeras acciones que emprenderá la plataforma bajo la presidencia boliviana será la puesta en marcha «el mes que viene» de un protocolo de asistencia consular para atender a las víctimas de estos delitos. Así lo anunció Sosa según un comunicado de prensa emitido por su despacho. La ministra urgió a tomar medidas conjuntas y coordinadas a nivel internacional contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. «Necesitamos con urgencia un cambio civilizatorio; queremos construir un mundo mejor para nuestros hijos libre del flagelo que representa las crisis del capitalismo manifestándose cada día más inhumanamente», añadió.
Compromiso por fortalecer cooperación
Lima se comprometió a trabajar en la consolidación del marco normativo necesario y en fortalecer la cooperación regional así como también en capacitar y sensibilizar sobre esta problemática. Por su parte, Fernández destacó la importancia que tiene para los países suramericanos trabajar juntos para combatir estos delitos con una perspectiva especialmente centrada en género al momento de brindar reparaciones a las víctimas.
Enfoque en mujeres y niñas
Según Fernández: «La mayoría (63%) de las víctimas son mujeres y niñas representando esto una cifra alarmante dentro del contexto latinoamericano». Además señaló que tanto el trabajo forzoso como explotación sexual siguen siendo predominantemente dirigidos hacia este grupo vulnerable.
Creación e inicio operativo
La plataforma fue creada en julio 2023 por diez países suramericanos como un espacio técnico-operativo regional destinado al diálogo para coordinar acciones estratégicas orientadas a prevenir y combatir tanto trata como tráfico humano. En aquel entonces se acordó que Bolivia ejercería temporalmente durante 2024 dicha presidencia.
Fuente EFE
