Ernesto Hernández Norzagaray/Latinoamérica21
El expresidente de Ecuador Jamil Mahuad reflexionaba recientemente, en una entrevista reciente con el académico Manuel Alcántara, ex vicerrector de la Universidad de Salamanca, en Latinoamérica21, sobre las amenazas que viven varios países de la región y, en particular, el suyo que atraviesa una severa crisis de violencia y que redujo a la expresión que lleva por título este artículo.
Mahuad, actualmente profesor en la Universidad de Harvard, muestra su preocupación por el avance del narcotráfico en la región y señala con todas las letras que las acciones violentas del narcotráfico cada vez lindan más con el terrorismo. Basta volver la vista a lo sucedido en las últimas semanas en su país, cuando los grupos del crimen organizado ecuatorianos vinculados al Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación mexicanos tomaron por asalto varias ciudades dejando una estela de muerte y temor colectivo que ha obligado al gobierno de Daniel Noboa a tomar decisiones de emergencia para lograr restablecer la gobernabilidad.
Sin embargo, si bien Noboa ha logrado controlar la situación especialmente de las cárceles, la amenaza sigue latente y es probable que el repliegue de estos grupos signifique un paso atrás para luego dar dos pasos adelante. Ya se vio la capacidad operativa para asesinar a Fernando Villavicencio, un candidato presidencial, y más recientemente a un vicefiscal, y realizar las acciones que nos remiten a situaciones similares a las que en México han protagonizado los cárteles de Sinaloa y Jalisco.
La mayor diferencia entre los presidentes Noboa y López Obrador, hasta ahora, es que el ecuatoriano ha decidido poner nombre a estos ataques a la población al reconocerlos como terrorismo y actuar en consecuencia, con lo cual peligra su vida, mientras que el presidente mexicano sigue viéndolo como un asunto de crimen organizado. Y es que entre las dos categorías jurídicas hay una diferencia sustantiva, tanto en la postura política de quien hoy representa al Estado ecuatoriano como en las acciones disuasivas del sistema de seguridad y, mejor, en las penas contra los miembros de estas organizaciones internacionales.
Ciertamente, hasta ahora, la iniciativa que considera a los cárteles mexicanos como terroristas surgió durante el mandato de Donald Trump y fue rechazada por el gobierno de López Obrador por ser “un atentado contra la soberanía nacional”. Sin embargo, la gravedad de la situación no ha sido suficiente para que el Congreso de la Unión discuta al menos la figura prevista en el Código Penal (artículo 139) de considerar a los cárteles organizaciones terroristas. Y considerarlo así llevaría a un cambio de fondo en la política de seguridad, la política de “abrazos no balazos”, que tras cinco años tiene un balance negativo.
Pero volviendo a las expresiones del expresidente Mahuad, este señala que el proceso de avance del crimen trasnacional en nuestras sociedades pasa por tres momentos:
- El crimen organizado toma la iniciativa de avanzar en el proceso de captura de las sociedades, y los poderes públicos no actúan más allá de su capacidad reactiva, lo que significa no llevar a otro nivel las figuras jurídicas de tal suerte que así, como en el caso de la yihad islámica, sean consideradas un peligro no solo para el país huésped sino para la comunidad internacional.
- Que ante esa libertad operativa, los cárteles vayan ampliando su infiltración en la economía mediante el lavado de dinero, en la política a través de los gobiernos municipales y estatales y sus cuerpos de seguridad, en los medios de comunicación y en partidos políticos, en la representación política y sus decisiones, etc., lo que significa un paulatino debilitamiento de los pilares del sistema democrático.
- Y que, finalmente, ante la inacción de los gobiernos, estos grupos terminen por capturar toda la estructura de gobierno de manera que se configure un narcoestado.
En México estamos en el segundo piso de ese proceso de captura del Estado. Esta situación hoy se manifiesta palpablemente en el repliegue frecuente de los cuerpos de seguridad ante la embestida de los grupos armados en distintas regiones del país; en la eliminación física de aspirantes a cargos de elección popular como acaba de suceder en Chiapas, Veracruz y Morelos, y en la extorsión a productores agrícolas (aguacateros, limoneros, etc.), vendedores de pollo y hasta negocios familiares de tortillas.
No hay que descartar que en distintas regiones esté en marcha un operativo similar a los de las elecciones estatales de 2021, cuando los distintos cárteles inhibieron y promovieron candidaturas a cargos de representación política y su expresión más lamentable fueron los asesinatos de posibles candidatos.
O sea, en las llamadas “elecciones más grandes de la historia” que tendrán lugar en la primavera hay un jugador en las sombras que está actuando abiertamente. Y es probable que se haga más visible conforme avance el proceso electoral sin que haya a la vista, más allá de declaraciones oficiosas, una estrategia de contención y garantizar la no interferencia de estos grupos sino que se les deja a su aire para que impongan su voluntad.
La experiencia reciente de Ecuador debe ser la referencia obligada para evitar un mayor deterioro de la vida pública. Allá se asesinó a un candidato presidencial, allá se tomó conciencia de que no se puede dejar la iniciativa a los grupos del crimen organizado, allá se defienden las instituciones democráticas y se lucha contra esta amenaza creciente de nuestras frágiles democracias. Ojalá esa inacción en México no termine por darnos una lección y avancemos un paso más hacia el infierno de un narcoestado.
