Un reportaje publicado recientemente en un medio de comunicación paceño hace referencia al perjuicio que produce el «juqueo» en el país, donde la minería, que durante siglos fue el sustento económico, enfrenta un desafío.
En 2023, el sector representó el 24% de las exportaciones, superando al gas y la soya; sin embargo, un problema que ha crecido como maleza y amenaza con sofocar la vitalidad es el robo de minerales conocido como «juqueo».
Pérdidas millonarias y daño económico
El contenido señala que el año pasado los jucus se llevaron un estimado de 52 millones de dólares, un hecho que denota un daño enorme pero parece pasar desapercibido. Se estima que se roban casi dos toneladas de minerales al año, principalmente estaño, cuyo alto precio lo convierte en un blanco atractivo.
«Juqueo»: una práctica normalizada y tolerada
No obstante, además del daño económico que produce el «juqueo», se ha vuelto una práctica normalizada y tolerada en lugares como Potosí ya que es un mecanismo regulador de la paz social. La empresa prefiere no intervenir para evitar conflictos con las comunidades locales como bloqueos y enfrentamientos mortales.
El Estado: principal víctima del «juqueo»
Según expertos, la principal víctima de este ilícito es el Estado porque el estaño robado termina siendo vendido al propio Estado en la fundición de Vinto. La problemática se agrava en minas de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), como Huanuni, Porco y Colquiri donde los asalariados están en minoría frente a las cooperativas y no pueden defender su producción.
El uso del cooperativismo para asaltar minas
En los últimos años se ha observado una tendencia preocupante: el uso del cooperativismo para asaltar minas, incluso con el objetivo de quedarse con la mina completa. Casos como el de la mina Bolívar en 2018 y la toma de la empresa Mallku Khota en 2012 evidencian la violencia y complejidad de esta problemática.
Cooperativas: poder sin restricciones
El poder de las cooperativas, exentas de obligaciones laborales, ambientales e impositivas, es evidente. En el Cerro Rico de Potosí, 10.000 cooperativistas trabajan sin restricciones. A pesar de la implementación de leyes en 2018 que castigan el «juqueo» con diez años de prisión, la situación persiste afectando la economía y dejando al Estado con pérdidas millonarias en impuestos.
Violencia y muerte asociadas al «juqueo»
Además, es una práctica que ha estado acompañada por violencia y muerte, tal como ocurrió el año pasado en Porco, donde jucus mataron a un policía en una emboscada en la región minera denominada Juan Carlos. El hecho se dio cuando uniformados, comunarios y organizaciones originarias realizaban un patrullaje por el lugar y fueron atacados con piedras y dinamitas.
El «juqueo» como práctica organizada
Recientemente, el secretario general del distrito minero de Porco informó a los medios de comunicación que el «juqueo» es una práctica muy organizada y que diariamente en el interior de la mina entre 100 y 200 personas avasallan los yacimientos.
«Realmente este avasallamiento no es de hoy, es desde hace tiempo. En el tema del juqueo, la gente circula diariamente en el interior de la mina, alrededor de 100 a 200 jucus. Entonces no nos dejan trabajar, ha sido una invasión total. Podemos decir que los jucus ya están organizados en grupos y trabajan por turnos, una hora un grupo, otra hora otro grupo. Eso ya nos ha rebasado», añadió.
