Han pasado más de 11 años desde la «muerte anunciada» de la concejala Juana Quispe, durante los cuales su defensa y algunos familiares se mantuvieron firmes en denunciar. Este miércoles, aguardan con «esperanza» la sentencia del emblemático caso en medio de trabas y dilaciones por parte de la Justicia boliviana.
Seguimiento al caso
La activista del Observatorio para la Exigibilidad de los Derechos de las Mujeres, Eulogia Tapia, quien hizo seguimiento al caso, manifestó que les da «esperanza» saber que este hecho no quedará impune y que llega a su etapa final.
Audiencia decisiva
«Sentimos mucha esperanza en esa audiencia. Esperamos que por fin, después de más de 11 años, podamos tener una sentencia y se haga justicia», comentó Tapia.
Este miércoles está previsto que el tribunal cuarto de sentencia en la ciudad de La Paz realice la audiencia donde se conocerá la sentencia para los acusados en este caso. Por lo tanto, tanto la familia como las activistas esperarán estas determinaciones.
Pedido por máxima pena
Son cuatro acusados, incluido el alcalde entonces de Ancoraimes, Félix Huanca, y otros exconcejales acusados por el delito de homicidio. Sin embargo, la familia pide que sean sentenciados por asesinato para poder recibir la máxima pena en el país: 30 años sin derecho a indulto.
Justicia y jurisprudencia
«El hecho de juzgar este caso significa respetar los derechos de todas las mujeres en ejercicio funciones o cargos representativos. Significa hacer justicia y establecer bases para una jurisprudencia en contra del acoso político», subrayó Tapia.
A partir de este caso se impulsó la promulgación de la ley 243, que sanciona los hechos de acoso y violencia política en el país.
Denuncias y amenazas
Juana Quispe, una aimara, era concejala del municipio Ancoraimes en La Paz. Denunció que no le permitían ejercer su cargo después de ganar las elecciones subnacionales de 2010.
Víctima de acoso y violencia
Tapia recordó que Quispe señaló varias veces que no le permitían asistir a las reuniones con los concejales. Además, afirmaba recibir insultos por parte de la gente y enfrentar intimidaciones con palos frente al edificio municipal. Incluso le arrojaron cemento a los ojos. Existía una constante presión para que renunciara a su cargo.
Muerte anunciada
En presencia de su hijo, quien tenía 12 años en ese momento, grupos violentos la arrastraron por la plaza del pueblo y amenazaron con quemarla viva si no renunciaba.
Incumplimiento de órdenes
La concejala había ganado una acción judicial para poder trabajar, pero Huanca y otros exconcejales incumplieron la orden y ella los demandó penalmente por desobediencia a órdenes de amparo. Esto provocó las amenazas de muerte.
El trágico desenlace
El 12 de marzo de 2012, dos días antes de la audiencia conclusiva por la demanda penal, Juana llegó a La Paz para asistir a una movilización en la que también estaría presente Huanca. Luego fueron a almorzar y nunca más se supo de ella.
Sospechosos bajo investigación
Los principales sospechosos eran el entonces alcalde Félix Huanca, Pastor Cutili y Basilia Ramos, presidente y vicepresidenta del Concejo Municipal. Aunque se encontraban bajo investigación durante esos años, no abandonaron sus funciones, según indicó Tapia.
Búsqueda de justicia
La activista sostuvo que ya es hora de que haya justicia por la persona por quien impulsaron una ley contra el acoso político en el país. No debe haber impunidad.
Paso hacia instancias internacionales
Agregó que si la sentencia no satisface a la familia, podrían acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta lograr justicia para Juana.
Fallas estructurales en Bolivia
En el pasado, la CIDH expresó que este caso refleja muchas fallas estructurales en instituciones y normativas en Bolivia. EFE
