La evasión fiscal generada por el mercado ilegal de bebidas alcohólicas en Bolivia en los últimos siete años pudo haber financiado la construcción de 22 hospitales de tercer nivel, cada uno con 200 camas, pagar 42.000 ítems nuevos para la educación, cubrir hasta el 44% del Bono Juancito Pinto o financiar en promedio 1.700 proyectos de mejoramiento vial, reveló un nuevo estudio publicado este viernes 22 de diciembre.
El estudio titulado «El Costo del Comercio Ilícito de Bebidas Alcohólicas», elaborado por el economista José Gabriel Espinoza, sostiene que el comercio ilícito de bebidas alcohólicas, que representa el 20% del total del mercado de alcohol en el país, mueve alrededor de 380 millones de dólares al año y le cuesta al Estado más de 1.500 millones de dólares en siete años.
Diversidad del mercado ilícito
El estudio define al mercado ilícito como aquel que incluye contrabando, falsificaciones y producción fuera de norma. Estos evaden impuestos y aranceles y también ponen en riesgo la salud de los consumidores debido a sustancias tóxicas o adulteradas.
Impacto negativo en la industria nacional
Espinoza afirma que el 75% del mercado ilícito está compuesto por mercadería contrabandeada, principalmente cerveza y vino provenientes desde Chile, Perú y Argentina. Esto afecta directamente a la industria nacional que genera empleo y desarrollo.
Riesgos para la salud pública
El otro 25% corresponde a falsificaciones y producción ilegal con alta graduación alcohólica como destilados sin control sanitario ni de calidad, lo cual puede provocar desde intoxicaciones hasta la muerte.
Costo fiscal del mercado ilegal
El estudio estima que el costo fiscal de este mercado ilegal alcanza, en promedio, los 220 millones de dólares anuales. Estos podrían haberse destinado a mejorar la calidad de vida de los bolivianos y bolivianas, especialmente en los sectores prioritarios para el desarrollo humano como salud y educación.
Oportunidades perdidas en salud
«Con el dinero que el Estado dejó de percibir en los últimos siete años por efecto del comercio ilegal de bebidas alcohólicas, se pudieron haber construido 22 hospitales de tercer nivel con 200 camas cada uno. Esto hubiera permitido universalizar la cobertura del Seguro Universal de Salud (SUS) para todos los bolivianos», expuso el autor del estudio.
Necesidad de inversión en educación
Asimismo, indicó que el presupuesto para equipamiento y medicamentos distribuidos por el SUS pudo haberse triplicado en los últimos siete años, pasando de 105 millones a más de 331 millones. Esto hubiera mejorado sustancialmente la atención médica a la población asegurada.
Mejoras en el sistema educativo
En cuanto a educación, el economista sugirió que se pudo haber incrementado la dotación de ítems en más de 42.000 puestos para cubrir las necesidades docentes según estándares internacionales. Expuso que solo en nivel inicial se pudo haber alcanzado una relación profesor-alumno óptima: 14 alumnos por profesor en lugar del poco más de 31 niños actuales.
Impacto en el Bono Juancito Pinto
Finalmente, el estudio planteó que si se decidiera pagar el Bono Juancito Pinto con recursos provenientes del mercado ilegal alcohol, estos alcanzarían incluso hasta un 44% del bono que actualmente beneficia a más de dos millones de estudiantes.
Inversiones perdidas en infraestructura vial y municipal
Además, el estudio analizó que, de no existir el mercado ilegal de alcohol, se podrían haber financiado más de 1.700 proyectos de mejoramiento vial y equipamiento municipal, beneficiando a todos los municipios del país.
Necesidad de políticas públicas efectivas
El comercio ilícito de bebidas alcohólicas es un problema que afecta no solo a la economía sino también a la salud y al desarrollo del país. Por lo tanto, se requiere políticas públicas efectivas para combatirlo y reducirlo, concluyó esta investigación.
