El relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para Bolivia, José Luis Caballero, manifestó que existe una disconformidad por parte de las víctimas de la crisis postelectoral de 2019 con el accionar del Estado y que es necesario avanzar hacia «medidas reales de reparación».
Caballero, en una entrevista con EFE, mencionó que durante sus diversos encuentros con las víctimas de 2019, estas expresaron su insatisfacción y señalaron un cierto distanciamiento respecto a las acciones del Estado para la reparación, situación que lamentó.
Ruta pendiente para cumplir recomendaciones
«La disconformidad es hacia el Estado porque aún le falta cumplir con el informe y hay recomendaciones pendientes. Existe una ruta de cumplimiento en la cual el Estado debe prestar mayor atención», manifestó Caballero.
El comisionado llegó a Bolivia esta semana para presentar el primer informe de la Mesa de Seguimiento de las Recomendaciones (Meseg) del Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI), en el cual se expresa preocupación por los escasos avances en las investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos ocurridas en 2019.
Necesidad urgente de medidas reales
«Hay un plan de reparación que debe ser ejecutado. Es fundamental realizar un censo de víctimas y trascender la ayuda humanitaria hacia medidas reales de reparación», subrayó Caballero.
Agregó que los avances logrados deben profundizarse de manera más estructural y eficaz, para que no se queden solo en un plan.
Esperando acciones concretas del Estado
«El avance que se espera tener en estos años tiene que ver con solventar las reparaciones, realizar las investigaciones y procesar a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos. También es importante contar con un marco legal adecuado y pertinente desde una perspectiva de derechos humanos», subrayó el comisionado.
Agradecimiento por apertura al diálogo
Caballero destacó el esfuerzo del Estado por cumplir con las recomendaciones y agradeció el acompañamiento durante su visita en diferentes actividades, como reuniones con víctimas, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía, entre otros.
Independencia judicial como prioridad
Respecto a la recomendación sobre la independencia judicial en el país, Caballero sostuvo que se espera una actuación sólida por parte de los actores jurídicos. El informe supone que las autoridades del Estado boliviano tienen un amplio margen para ejercer sus competencias con autonomía.
Consultado sobre la prórroga de las altas autoridades judiciales hasta que haya nuevas elecciones judiciales en el país, Caballero expresó su deseo de que se respete y renueve la judicatura basándose en la legislación boliviana y la Constitución.
Puertas abiertas para casos de violaciones a los derechos humanos
De igual manera, al ser consultado sobre el pedido de la expresidente transitoria Jeanine Áñez para que visite su prisión, Caballero mencionó que no es el propósito de su visita, pero que Áñez puede acudir a la CIDH, ya que las puertas están abiertas para conocer casos de violaciones a los derechos humanos que el Estado no pueda o no quiera atender.
Avances en fortalecimiento contra la tortura
El relator de la CIDH destacó las acciones emprendidas por Bolivia para fortalecer los mecanismos contra la tortura, aprobar una política integral de reparación para las víctimas y ampliar los mecanismos de ayuda humanitaria. Estos son avances en relación con las recomendaciones realizadas.
Diferentes posturas sobre crisis del 2019
El Gobierno de Luis Arce y el Movimiento al Socialismo (MAS) afirman que en 2019 hubo un golpe de Estado contra Evo Morales, mientras que la oposición sostiene que las protestas derivaron en su renuncia como consecuencia del fraude electoral a favor del expresidente. Dichas elecciones fueron anuladas posteriormente.
Entre el 21 de octubre y el 24 de noviembre de 2019 fallecieron 37 personas en distintos hechos violentos durante esa crisis en Bolivia, según registros de la Defensoría del Pueblo.
Situación legal de Jeanine Áñez
Áñez se encuentra bajo prisión preventiva acusada de terrorismo y conspiración como parte de una investigación relacionada con la crisis del 2019. Además, fue sentenciada a 10 años de cárcel en otro proceso por haber asumido ilegalmente la línea sucesoria en ese año.
Fuente: EFE
