La Organización de los Estados Americanos (OEA) oficializó este domingo la salida de Nicaragua, dos años después de que el presidente Daniel Ortega activara el proceso para abandonar el organismo debido a las críticas recibidas por los comicios en los que fue reelegido.
Estados Unidos advirtió al Gobierno nicaragüense que su salida de la OEA no lo exime de respetar los derechos humanos y amenazó con imponer nuevas sanciones por la represión contra la población.
El Ejecutivo sandinista presentó formalmente la solicitud para salir de la OEA el 19 de noviembre de 2021, luego que la Asamblea General del organismo descalificara las elecciones presidenciales en Nicaragua. En una resolución mayoritaria, se determinó que dichas elecciones carecían de legitimidad democrática.
Las elecciones fueron marcadas por la ausencia de siete posibles candidatos opositores a la Presidencia, quienes fueron encarcelados antes del proceso electoral bajo cargos de «traición a la patria».
En respuesta a esto, el Gobierno nicaragüense inició un procedimiento para desvincularse de la OEA, convirtiéndose así en el primer país en abandonar formalmente esta organización. Cuba fue expulsada en 1962 y Venezuela aún está en disputa su pertenencia.
Nicaragua acusó a la OEA de violar su propia Carta fundacional sobre no injerencia en asuntos internos y afirmó que estaba controlada por Estados Unidos.
Desde las manifestaciones populares contra el Gobierno en abril de 2018, donde murieron al menos 355 personas, se han emitido varias resoluciones condenando la represión y abordando la situación en Nicaragua.
El embajador nicaragüense ante la OEA, Arturo McFields, se rebeló contra el Gobierno durante una sesión del organismo en Washington. Fue destituido oficialmente por Ortega y las oficinas de la OEA en Managua fueron expropiadas.
McFields considera que Ortega y Murillo están «huyendo» de la OEA porque no están dispuestos a enfrentar batallas políticas, diplomáticas y jurídicas.
La salida de Nicaragua pone en evidencia las debilidades de la OEA para controlar a las dictaduras del siglo XXI, según McFields.
Estados Unidos reiteró que la salida de Nicaragua no impedirá que tomen medidas para proteger los derechos humanos y la democracia del pueblo nicaragüense. Además, abrió la posibilidad de imponer nuevas sanciones contra el Gobierno de Ortega y su entorno.
La Administración Joe Biden ha impuesto sanciones económicas y restricciones a visas para funcionarios nicaragüenses debido a la persecución política contra opositores, activistas y miembros de la Iglesia católica.
Nicaragua sigue siendo responsable por sus obligaciones en materia de derechos humanos según los tratados internacionales, destacó Estados Unidos. Revisarán todas las herramientas disponibles para responsabilizar a Ortega y Murillo.
En febrero pasado, Estados Unidos recibió a 222 presos políticos nicaragüenses que fueron desterrados por el Gobierno. El obispo Rolando Álvarez se negó a ser expulsado y sigue encarcelado.
Fuente: EFE
