En cumplimiento de la resolución constitucional N° 157/2022, que prohíbe la explotación de piedra en el Cerro San Pedro en Oruro, se llevó a cabo un operativo conjunto entre las autoridades municipales, el Comando Departamental de la Policía y Ministerio Público. El objetivo fue intervenir y precintar el perímetro del cerro.
El alcalde de Oruro, Adhemar Wilcarani, resaltó la importancia de esta intervención para proteger el patrimonio local. Además, subrayó el respaldo del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro (GAMO) en esta medida. La resolución busca detener las operaciones de la Cooperativa La Luminosa en el Cerro San Pedro.
Medida ordena paralizar explotación y establece acciones específicas
La resolución no solo ordena paralizar la explotación en el Cerro San Pedro, sino que también establece acciones específicas para el GAMO y la Cooperativa La Luminosa. A pesar de enfrentar hostigamiento e incluso procesos penales, las autoridades perseveraron para cumplir con lo establecido.
GAMO solicita intervención policial mediante memorial
El 10 de septiembre, el GAMO presentó un memorial a la sala constitucional N° 2 solicitando intervención policial. Gracias a la disposición de la sala y su notificación al Comando de Policía, se pudo cumplir plenamente con lo establecido en la resolución constitucional.
Federación de Cooperativas Mineras expresa malestar por intervención
Desde la Federación Departamental de Cooperativas Mineras de Oruro expresaron su malestar por la intervención realizada en el Cerro San Pedro. Alegaron que, al contar con un contrato cooperativo minero legalmente establecido, las autoridades intervinieron «vulnerando sus derechos». Además, denunciaron el presunto «robo» de herramientas de trabajo durante la intervención.
Federación convoca reunión para evaluar situación y anuncia posibles acciones legales
La federación anunció la convocatoria de una reunión de emergencia con los presidentes de las más de 80 cooperativas afiliadas para evaluar la situación. Manifestaron un respaldo contundente y no descartaron acciones legales o penales, incluyendo movilizaciones, como respuesta al presunto «robo» perpetrado por las autoridades.
