El exministro Carlos Romero manifestó el martes 31 de octubre que el rechazo del Ministerio Público a la denuncia contra directivos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) será recordado como uno de los más grandes bochornos de la justicia. Según Romero, esta determinación se debe a un par de fiscales corruptos.
La denuncia presentada el 3 de marzo acusaba al presidente de YPFB, Armin Dorgathen, por el supuesto delito de conducta antieconómica en perjuicio del Estado Boliviano. La investigación duró un año y contó con la participación de expertos bolivianos y extranjeros.
Falta de auditoría y elementos probatorios
A pesar de contar con evidencia recolectada durante las investigaciones, el Ministerio Público argumentó su rechazo basándose en la falta de una auditoría a la gestión de YPFB. El exministro considera vergonzoso que no se hayan tomado en cuenta al menos tres elementos probatorios válidos.
Falta de control y responsabilidad
Carlos Romero también señaló que las auditorías no son responsabilidad de los denunciantes, sino que deberían ser realizadas por empresas externas para fiscalizar el trabajo de la petrolera estatal. La falta de auditorías demuestra que YPFB se maneja sin ningún tipo de control según sus declaraciones.
Registro impreciso de vehículos
Otro argumento presentado es la falta de un registro preciso sobre la cantidad de vehículos en el país. Los números proporcionados por el Instituto Nacional Estadísticas (INE) son probabilísticos y no exactos, lo que genera dudas sobre la veracidad de los datos.
Conclusión de la investigación
El fiscal Cristian Copa aseguró que durante la investigación realizada por la Fiscalía se llegó a la conclusión de que no existieron irregularidades. Según él, el rechazo se basa en que no se ha elaborado una auditoría por parte de la Contraloría General del Estado y no se establece un daño económico según lo denunciado.
