La diputada de Comunidad Ciudadana (CC), Luisa Nayar, realizó una denuncia el jueves 19 de octubre en relación al seguimiento del tráfico de autos robados en el país. Según sus declaraciones, más de 23.000 vehículos confiscados por la Aduana están siendo dispuestos sin regulación alguna.
Nayar informó que se envió una petición de informe a la Aduana Nacional y al Ministerio de Economía, pero las respuestas recibidas no contenían información pertinente para el proceso de fiscalización. Uno de los datos requeridos era el número exacto de vehículos confiscados desde 2006, a lo que la Aduana respondió con un registro total de 23.025 vehículos, pero sin proporcionar detalles sobre su paradero.
Acusaciones contra la Casa Grande del Pueblo
La diputada opositora acusó a la Casa Grande del Pueblo, sede gubernamental, como un lugar donde se encubren hechos ilícitos y se trafican vehículos robados. Nayar afirmó que las acciones tomadas por las autoridades obstaculizan la investigación y no brindan transparencia en la entrega de información.
Falta de facultad para entregar los autos confiscados
Nayar reclamó que la Aduana Nacional afirmó no tener facultad para entregar los autos confiscados. Sin embargo, previamente se ha observado cómo el gobierno regalaba vehículos a organizaciones sociales que luego se descubrió que eran robados. Esta contradicción genera sospechas sobre el accionar de las autoridades.
Críticas a la presidente ejecutiva de la Aduana Nacional
La diputada criticó duramente a Karina Serrudo, presidente ejecutiva de la Aduana Nacional, quien declaró haber respondido todas las interrogantes del Legislativo, pero solo envió respuestas cortas e incoherentes. Nayar exigió la destitución inmediata de Serrudo debido a su falta de transparencia y colaboración en el proceso de fiscalización.
