La madre de la niña de 10 años, víctima de agresión sexual en el municipio de Uncía, en la región del Norte Potosí, está solicitando pruebas de ADN para determinar si la menor fue agredida por más de una persona. La familia está consternada por las difamaciones y ataques que sufre la niña por parte de la comunidad educativa (maestros, padres y alumnos), así como también por los familiares y vecinos del sospechoso.
La madre exige justicia y una exhaustiva investigación para llevar a los responsables ante la ley. Solicita al Ministerio Público que ordene realizar las pruebas de ADN comparándolas con muestras de tres personas, dos miembros del círculo familiar que han aceptado someterse a las investigaciones. El objetivo es identificar a los posibles agresores y asegurarse de que todos sean llevados ante la justicia.
Sospechoso principal en prisión
El regente de la Unidad Educativa al que asistía la niña se encuentra actualmente en prisión como principal sospechoso del caso. A pesar de que su defensa solicito su liberación durante el fin de semana. «Existen indicios contundentes en su contra», afirmó la Fiscal Departamental de Potosí, Roxana Choque.
Preocupación por salud mental y bienestar
La madre también expresa preocupación por la salud mental y el bienestar general de su hija, pidiendo acelerar los procedimientos judiciales correspondientes. Además, denuncia constantes amenazas hacia su hija y el entorno familiar cercano, incluso amenazas de muerte. En respuesta a una convocatoria realizada por Celia Suárez, ejecutiva de la Federación de Maestros Urbanos de Uncía, miembros de la comunidad educativa y parte de la sociedad civil se movilizaron para exigir la liberación del sospechoso, asegurando su inocencia. Esta situación revictimiza a la menor al ponerla nuevamente en peligro y afectar su integridad, autoestima y salud mental.
Violencia durante protesta
El Comandante Regional de la Policía del Norte de Potosí, coronel Amílcar Soto Peña, explica que durante una marcha de protesta realizada por los simpatizantes del acusado de violación, intentaron presionar tanto al fiscal como al juez para lograr su liberación. Al no ser escuchados, causaron destrozos en la Estación Policial Integral de Uncía y agredieron físicamente a los efectivos policiales. Esto puede verse en videos y fotografías publicadas en redes sociales.
Llamado a garantizar justicia
La comunidad y las autoridades locales están unidas en busca de justicia y aseguran que no permitirán que los responsables queden impunes. Este caso ha generado atención pública y un llamado firme para abordar la violencia sexual y garantizar protección a los derechos infantiles en esta región.
