Un tribunal ha denegado este jueves el recurso legal presentado por la expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Añez (2019-2020), para que varios procesos en su contra que llegaron al Parlamento hace más de dos años se traten en un juicio de responsabilidades y no en la vía ordinaria.
Mediante una acción de cumplimiento, se buscó que la Vicepresidencia, como cabeza del Legislativo, y la comisión parlamentaria de Justicia Plural actúen «en el tiempo oportuno» en esos casos, según Luis Guillén, uno de los abogados de Añez.
Denegación por parte del tribunal
«Los vocales de la Sala Constitucional denegaron la acción de cumplimiento sin proceder a tratar la responsabilidad que tenían estas dos entidades», apuntó el jurista.
Procesos enviados al Parlamento
A mediados de 2021, la Fiscalía General de Bolivia presentó al Parlamento al menos cuatro proposiciones acusatorias para considerar un proceso especial en esa instancia. Entre esos procesos están las muertes de civiles durante la gestión de Añez en Sacaba, Cochabamba y Senkata, un barrio de El Alto, ciudad vecina a La Paz. También se incluyen otras acciones tomadas por la exmandataria interina durante su Presidencia transitoria.
Guillén mencionó que correspondía que el Legislativo «se pronuncie» sobre esos procesos pero que debido a «artimañas» por parte de la comisión parlamentaria se desvió ese canal.
Procesos en la vía ordinaria
Además de los procesos enviados al Parlamento, Añez enfrenta unos ocho juicios en la vía ordinaria, que incluyen también los casos Senkata y Sacaba, por los cuales la defensa ha presentado varias apelaciones.
Situación legal de Añez
La exmandataria interina está detenida desde marzo de 2021, inicialmente por el caso «golpe de Estado I», bajo acusaciones de terrorismo, sedición y conspiración. Luego fue procesada en el llamado caso «golpe de Estado II», donde se le sentenció a 10 años de prisión por resoluciones contra la Constitución e incumplimiento de deberes debido a su posición indebida en la línea sucesoria tras la renuncia de Evo Morales en 2019 y otras altas autoridades.
Para el oficialismo, la crisis ocurrida ese año fue producto de un «golpe de Estado», mientras que para la oposición consistió en una protesta popular contra un fraude electoral en beneficio de Morales.
