La Agrupación Política Creemos expresó su descontento con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el cierre de la solicitud de medidas cautelares a favor del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.
En una carta dirigida a la Presidenta de la CIDH, Margarette May Macaulay, los senadores y diputados de Creemos solicitan una reunión formal para obtener explicaciones sobre los estándares utilizados para otorgar medidas cautelares y abordar la situación crítica del gobernador.
Reafirmación del desacuerdo
En otra muestra de desacuerdo con la CIDH, la Agrupación Política Creemos reafirmó su insatisfacción por el cierre de la solicitud de medidas cautelares en apoyo al gobernador Luis Fernando Camacho. Este incidente llevó a los legisladores de Creemos a solicitar una reunión formal con la Presidenta Margarette May Macaulay, en un intento por esclarecer una situación que consideran crítica.
Puntos clave argumentados en carta
En la carta dirigida a la CIDH, los miembros del Congreso argumentan que buscan resaltar «la situación real del Gobernador y las violaciones a sus derechos, que demuestran gravedad y urgencia». Aunque reconocen las atribuciones de la Comisión, insisten en que no existe otra opción dentro del mandato de la CIDH que pueda brindar protección oportuna al Gobernador aparte de las medidas cautelares.
Los legisladores también señalan lo que consideran falta coherencia en las decisiones previas tomadas por CIDH. Recuerdan que anteriormente se otorgaron medidas cautelares ante simples amenazas por mensajes de texto, como en el caso de la MC 1132-20. Sin embargo, ahora se abstienen de brindar protección contra el gobernador de Santa Cruz. Además, resaltan que este hombre ocupa un cargo público elegido por voto popular en el departamento.
Solicitud de reunión virtual
Los parlamentarios de Creemos reiteran su solicitud de una reunión virtual con la Presidenta de la CIDH y su equipo de medidas cautelares. Buscan respuestas sobre las razones detrás del cierre de la solicitud en favor del gobernador Camacho, así como una comprensión más clara de los estándares que actualmente aplica la CIDH en relación con las medidas cautelares.
