La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción, Tributarios, Aduaneros y Legitimación de Ganancias Ilícitas solicitará una pena máxima de 30 años de prisión sin posibilidad de indulto para tres exministros del gobierno anterior.
Cargos por tráfico de armas e incumplimiento de deberes
Los exministros Arturo Murillo (Gobierno), Luis Fernando López (Defensa) y Roxana Lizárraga (Comunicación), quienes se encuentran en rebeldía, enfrentarán cargos por tráfico de armas e incumplimiento de deberes debido a la presunta participación en la internación ilegal de agentes químicos desde Ecuador durante la crisis ocurrida en noviembre de 2019.
Exhaustiva investigación con pruebas contundentes
El fiscal departamental de La Paz, William Alave Laura, argumentó que se realizó una exhaustiva investigación que recopiló 115 pruebas documentales y 48 testimonios.
Pruebas respaldan acusaciones contra exministros
Entre las pruebas presentadas se encuentra el acta que certifica el préstamo de los agentes químicos por parte de Ecuador, así como registros de vuelo que detallan el traslado del personal boliviano hacia dicho país. Además, se incluyó la solicitud oficial realizada por Ecuador para la devolución de los agentes químicos.
Participación militar y policial agrava pena solicitada
El fiscal Alave explicó que estas pruebas serán presentadas durante el juicio para respaldar la acusación. «Hemos recolectado un conjunto sólido y contundente de pruebas que demuestran la presunta implicación de los exministros en la internación ilegal de agentes químicos desde Ecuador», afirmó Alave.
Incidente ocurrió durante reunión en Palacio de Gobierno
Por su parte, el fiscal anticorrupción Bladimir Bolívar señaló que se determinó la participación de personal militar y policial en la internación ilegal de los agentes químicos, lo cual agrava la pena solicitada. Según el artículo 141 quater del Código Penal, cuando el tráfico ilícito es llevado a cabo por personal militar o policial, se establece una pena de 30 años de presidio sin derecho a indulto.
Juicio oral se llevará a cabo próximamente
La investigación reveló que el incidente ocurrió el 15 de noviembre de 2019, durante una reunión en el Palacio de Gobierno en la cual los exministros acusados discutieron la falta de material antidisturbios para enfrentar la crisis en el país.
Presuntos responsables designaron personal para transporte
Según testimonios recopilados, la exministra Lizárraga coordinó el préstamo de equipos antidisturbios con Ecuador y se iniciaron los trámites logísticos para su transporte.
Esperan pruebas respalden acusaciones contra exministros
Presuntamente, los exministros Murillo y López, junto con los comandantes del Ejército y la Policía, designaron personal para viajar a Ecuador y recolectar los agentes químicos. Estos fueron posteriormente distribuidos entre militares y policías en Bolivia.
Posible pena máxima de 30 años de cárcel
El juicio oral se llevará a cabo en los próximos meses y se espera que las pruebas presentadas respalden las acusaciones formuladas por la Fiscalía contra los exministros acusados. En caso de ser encontrados culpables, podrían enfrentar una pena máxima de hasta 30 años de cárcel sin posibilidad de indulto según lo establecido por ley.
