Legisladores de distintos partidos políticos expresaron su rechazo a la suspensión provisional de las interpelaciones a los ministros, luego de que se presentara una acción de inconstitucionalidad.
Tanto representantes del oficialismo como de la oposición manifestaron su desacuerdo con esta medida y advirtieron sobre posibles acciones legales contra el juez que aprobó el recurso. Héctor Arce, diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), calificó este hecho como ilegal y contrario a la Constitución Política del Estado (CPE).
Según Arce, se está vulnerando el derecho de los legisladores a fiscalizar y se está permitiendo encubrir actos de corrupción. Además, mencionó que evalúan iniciar un proceso legal contra el juez Israel Campero por considerar que está cometiendo prevaricato.
Críticas hacia la gestión del presidente nato de la Asamblea Legislativa
Arce también criticó la gestión del presidente nato de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, ya que las interpelaciones solicitadas en julio fueron programadas para febrero, marzo y abril del siguiente año. Esto demuestra, según Arce, la inoperancia en los actos de fiscalización.
Alerta sobre camino hacia dictadura gubernativa judicial
Por su parte, Carlos Alarcón, diputado de Comunidad Ciudadana (CC), afirmó que esta situación marca un camino hacia una dictadura gubernativa judicial. Aseguró que los jueces están respondiendo a los intereses del Ejecutivo sin importar si se incumplen normativas constitucionales u otras leyes. Alarcón lamentó este fallo y lo consideró un atentado al estado de derecho y a la democracia del país.
Aclaraciones sobre la suspensión de las interpelaciones
Sin embargo, Israel Campero, vocal de la Sala Constitucional Primera, aclaró que ningún tribunal puede suspender las interpelaciones. Enfatizó que aún se pueden llevar a cabo estos actos de fiscalización siempre y cuando se cumplan con los lineamientos establecidos en la Constitución y el reglamento de la Cámara de Diputados.
Campero explicó que el fallo solo favoreció al ministro de Economía, Marcelo Montenegro, debido a un error de procedimiento en un informe oral. Además, mencionó que queda pendiente una consulta previa de constitucionalidad a la cual se adhirieron ocho ministros y que debe ser respondida por el Tribunal Constitucional.
