Durante el fin de semana pasado, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA) del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro (GAMO) atendió un presunto caso de abuso sexual a una menor de 14 años. Los agresores serían sus dos hermanos, de 13 y 17 años.
El responsable de la Dirección de Igualdad de Oportunidades (DIO), Boris Delgado, precisó que la víctima sufrió toques impúdicos. Tras la valoración psicológica que se le aplicó, este organismo presentó la denuncia pertinente ante las instancias correspondientes. El presunto autor de 17 años quedó en calidad de aprehendido tras ser sometido a un procedimiento penal.
Medidas para el menor inimputable
Se llevó a cabo su audiencia por el Juzgado de Niñez y Adolescencia correspondiente, y cumplirá su reclusión en el Centro de Reintegración Social «Renacer». Respecto al menor de 13 años, al ser inimputable según las normativas vigentes, no asumirá ninguna responsabilidad penal. Sin embargo, recibirá asistencia psicosocial a cargo del personal capacitado.
Seguimiento a la víctima y situación familiar
Actualmente se está realizando un seguimiento social y psicológico a la menor para evidenciar su estado emocional y las condiciones en las que vive en su hogar actual. También se busca determinar quién se hará cargo de ella.
Responsabilidad penal según la edad
El artículo 269 del Código Niña, Niño y Adolescente establece que cualquier menor a los 14 años es inimputable. Por lo tanto, no se puede generar ningún tipo de responsabilidad penal en su contra y ni el Ministerio Público puede iniciar una investigación. Lo máximo a lo que se puede llegar es iniciar por vía civil una reparación de daños.
En el caso de los adolescentes entre 14 y 16 años, estos son catalogados como infractores. En ese sentido, la autoridad competente para sancionarlos es un juez del menor, tal como sucedió en este caso. A partir de los 16 años ya tienen una responsabilidad penal atenuada, lo que significa que pueden ser investigados por las autoridades y el Ministerio Público. Sin embargo, su condena será equivalente a una quinta parte de la pena estipulada en las normativas vigentes.
