Ante la falta de respuesta del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) a la acción popular para detener la explotación en el cerro San Pedro, el concejal municipal de Oruro, Jesús Cruz, informó el miércoles 19 de julio que fue a Sucre para investigar la situación de este recurso que debe ser respondido hasta el viernes.
La autoridad recordó que la acción popular se aprobó el 22 de diciembre del año pasado y llegó al Tribunal Constitucional en Sucre el 13 de enero. Posteriormente ingresó a un sorteo el 7 de junio y desde entonces la Sala Constitucional tenía 30 días hábiles para emitir una resolución.
«El 21 de julio culmina ese plazo, así que estamos expectantes. Para dicho efecto dejamos los memoriales respectivos para que así se atienda el caso; no obstante, solicitamos que uno de los magistrados se constituya en Oruro para ver el lugar del conflicto», explicó Cruz.
Recordó que a raíz de este conflicto en junio el Concejo Municipal de Oruro fue tomado a plan de dinamita, al igual que la gestión pasada. También mencionó las agresiones sufridas por trabajadores de la prensa cuando realizaban coberturas en ese lugar, con maltratos físicos y daños a sus equipos.
En ese sentido, enfatizó que esos episodios no pueden ocurrir cuando existen normativas vigentes y porque la ciudadanía reclama por la persistente explotación en el cerro San Pedro mientras se está desarrollando un proceso para preservar ese patrimonio orureño.
«La pregunta del millón es cuándo pararán las operaciones en el cerro San Pedro, cuándo los orureños seremos respetados, ya que un juez determinó algo. Todo eso fuimos a investigar y estamos con la documentación para exigir al Tribunal Constitucional sobre esta situación», manifestó el concejal.
En caso de no recibir respuesta una vez que se cumpla el plazo, Cruz precisó que volverán a la ciudad de Sucre y no se retirarán hasta obtener un pronunciamiento del Tribunal Constitucional Plurinacional, y no descartó recurrir a medidas de presión para lograr el objetivo.
De acuerdo con el artículo 136 de la Constitución Política del Estado (CPE), la acción popular se utiliza contra todo acto u omisión de las autoridades, personas individuales o colectivas, que violen o amenacen con violar derechos e intereses relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y salubridad pública, el medio ambiente u otros similares.
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