El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) llevará a cabo una verificación de todas las tierras en el departamento de Santa Cruz para confirmar la titularidad de sus propietarios o, en caso contrario, revertirlas si se trata de comunidades ficticias o si se utilizan para actividades ilegales relacionadas con el tráfico de tierras. Así lo informó ayer Franklin Vargas, ejecutivo de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz «Apiagauaki Tüpa».
Esta decisión surge como respuesta a las demandas relacionadas con las reformas agrarias y el Decreto 29215, que fueron abordados por el gobierno junto con los líderes campesinos en agosto del 2022.
Acciones bajo la medida FES
Vargas destacó que actualmente están llevando a cabo estas acciones bajo la medida conocida como Función Económica Social (FES), y hasta ahora han logrado recuperar un considerable número de tierras. Además, buscan mejorar la imagen del sector campesino, ya que anteriormente fueron estigmatizados como traficantes y ocupantes ilegales que exigían títulos sin trabajar la tierra.
Apropiación indebida y auditoría forestal
Además, señaló que encontraron personas no afiliadas a la federación, principalmente en la región de la Chiquitanía, quienes se apropiaban indebidamente de las tierras para obtener beneficios económicos mediante alquileres o ventas. En cuanto a los próximos pasos, Vargas mencionó una auditoría a las concesiones forestales por parte de la Autoridad de Fiscalización y Control Bosques y Tierra (ABT), así como la regularización de asentamientos comunitarios en áreas designadas como reservas naturales.
Distribución actual de tierras
La medida de Función Económica Social (FES) abarca áreas que son efectivamente aprovechadas, así como zonas de descanso, servidumbres ecológicas legales y áreas destinadas a futuros proyectos de crecimiento. Según datos del INRA, actualmente el 29% de las tierras saneadas en el país son propiedad del Estado; el 28% pertenece a campesinos, interculturales y mujeres; el 27% corresponde a territorios comunitarios originarios; y el 16% está en manos de medianos y grandes productores.
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