El fracaso del proceso de preselección para magistrados de alto cargo dentro del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), es el resultado de pugnas en el Movimiento Al Socialismo (MÁS), entre “evistas” y “arcistas” que buscan tener la justicia en su poder, según analistas. Además, atribuyeron que el reglamento ya era una imposición del MAS.
El sábado precedente la Comisión Mixta dejó sin efecto el reglamento y la convocatoria de la preselección a magistrados, dejando así en pausa el proceso electivo.
El hecho fue calificado por analistas del ámbito político – judicial, como una derrota al MAS y la falta de consenso con otras fuerzas políticas.
“Hay que partir del hecho que el reglamento elaborado por la ALP tiene serios problemas, porque cuando uno lo analiza, encuentra elementos racistas, discriminatorios. Por otra parte, presenta requisitos que son absolutamente inconstitucionales y que, obviamente, contaminan todo el proceso, porque está orientado a operar como un embudo que permita al oficialismo imponer a sus candidatos para ocupar estos cargos”, declaró el abogado constitucionalista Carlos Alberto Goitia Caballero al matutino LOS TIEMPOS.
Por su parte, el constitucionalista, Paul Antonio Coca, sostuvo que la decisión de la Sala Constitucional del Beni causa dos situaciones:
“La primera, es que termina de deslegitimizar un proceso que ya sabíamos que de legitimidad tiene poco por el sistema que se tiene para elegir a los candidatos a autoridades judiciales y del TCP. Segundo, lo que se va a generar es una situación de polémica en todo sentido, sobre el proceso como tal, sobre las siguientes candidaturas”, declaró.
OPINIÓN POLÍTICA
Para el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuellar, sostuvo que la suspensión es porque en el MAS hay disputas entre los “evistas” y “arcistas” para ver “quién se queda con el control del Tribunal Supremo de Justicia y del Tribunal Constitucional. Así, la justicia se ha convertido en un botín estratégico para las aspiraciones políticas de ambos líderes y el futuro de procesos de auditorías y penales sobre exministros y exautoridades”.
El diputado Héctor Arce en conjunto a políticos del ala “evista” sospechan que el Vicepresidente del país y presidente de la ALP, David Choquehuanca, en conjunto al ministro de Justicia, Ivan Lima, son responsables de esta suspensión y lo que buscan es beneficio.
“Aquí hay un tema de fondo, tenemos la hipótesis, presumimos de que este contubernio tiene como cabeza al ministro de Justicia, y actúan también los magistrados (Gonzalo) Hurtado y (Olvis) Egüez, inclusive, dudamos de los colegas diputados (como Juan José) Jáuregui. Ellos, de manera permanente, se han estado reuniendo con el ministro de Justicia”, declaró Arce.
Por su parte, el ministro de Justicia, no quiso dar declaraciones en respuesta a los del ala “evista”, sin embargo, días antes sostuvo que no es responsable de la suspensión del proceso electivo cuando “el Ejecutivo ha garantizado Bs. 183 millones para realizar la elección”.
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