En esta gestión se reportaron cinco infanticidios en el país, los especialistas explican que en su mayoría se produjeron por descuido de los progenitores.
La jefa de la Unidad de Defensa de la Familia de la Defensoría Municipal, Rita Paredes, argumentó que “el tema de frustración o problemas psicológicos que pueden tener los padres generan ese tipo de hechos, los niños salen perjudicados y obviamente pierden la vida. Es a consecuencia de esta negligencia total de los padres y la poca conciencia de asumir una responsabilidad tan grande que conlleva tener un hijo”.
Los datos oficiales indican que en febrero se produjeron tres infanticidios, dos en Santa Cruz y uno en Cochabamba, en abril se registraron dos menores asesinados, uno el 3 de abril y la última hace dos días en la región de Los Yungas de La Paz.
La exdirectora de la Defensoría Municipal de La Paz, Consuelo Torres, exhortó a los padres de familia acudir a ayuda profesional cuando hay hechos de violencia en el hogar, especialmente con los menores. También pidió que los adultos no utilicen a los menores como instrumentos de chantaje o coacción en una relación de pareja.
“El primer sistema de protección siempre es la familia, por eso el Código Niño, Niña, Adolescente establece nuestro rol como progenitores, como guardadores. Si bien nosotros iniciamos una acción a través de una infracción por violencia psicológica, o cuando ya cometemos un delito de materia penal, en ese momento nos damos cuenta que no estamos cumpliendo nuestras obligaciones, pero también no estamos siendo claros de proteger a nuestros niños”, argumentó Torres.
“Las políticas tienen que plantearse desde tres perspectivas: prevención, atención y protección. Cuando ya estamos hablando de casos judicializados, de niños que están en centros de acogida, entonces tenemos que fortalecer las políticas, la planificación del plan de vida de estos menores de edad en el tiempo”, dijo la exdirectora de la Defensoría Municipal de La Paz, pero resaltó que estas tareas no se cumplen.
Como indica la exautoridad, Bolivia cuenta con una amplia política de protección de los menores, pero padece de fallas en su ejecución, desde el factor humano, hasta la inversión social en la educación y orientación de los menores.
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