Cristopher Balcázar Jiménez, uno de los abogados del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, confirmó en horas recientes que su cliente fue imputado por el caso del carro bomberos, tras la denuncia del diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Rolando Enríquez Cuéllar.
“La imputación sí existe, pero no nos han notificado, no tenemos conocimiento aún de la resolución del juez”, declaró el abogado Balcázar en contacto con el periódico El Deber.
Asimismo, Cuellar pidió otros seis meses de detención preventiva para la autoridad cruceña por este nuevo caso.
Según la Fiscalía, los 180 días de reclusión deben ser cumplidos en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, donde Camacho guarda detención preventiva por el denominado caso golpe de Estado.
Camacho es investigado por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes, malversación, uso indebido de influencias, conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado.
Cuellar es el denunciante del caso carro bombero. El legislador afirmó que la Justicia debe «castigar» a la autoridad departamental con la pena máxima.
“Hoy la Fiscalía imputa al señor Fernando Camacho, ya era hora que se lo condene, que se lo impute y se lo tiene que sentenciar con la pena máxima”, indicó.
De la misma forma, aseguró que la corrupción venga de donde venga, no se puede ocultar. Remarcó que pedirán juicio para que se sentencie a Camacho.
“Nosotros como diputado nacional, vamos a pedir en esta imputación, ratificando la detención preventiva de 180 días y juicio para que de una vez sea sentenciado el señor Camacho y tienen que ser procesados los otros funcionarios que faltan”, señaló.
Acusa a Camacho por supuestamente adjudicar la compra de un carro bombero a una empresa fantasma. En la presentación de la denuncia, dijo que la empresa adjudicada no está autorizada para la venta de vehículos, y tampoco cumple con los requisitos.
ANTECEDENTES
El 28 de enero el diputado masista presentó la denuncia en contra de Camacho y desde entonces no se produjo ningún acto judicial, el daño que presuntamente se produjo es de 1.7 millones de bolivianos.
De acuerdo con la denuncia del oficialismo, la empresa que vendió el carro bombero no tiene permiso de operación en Bolivia, por el contrario, el vehículo fue adquirido por una empresa mexicana.
Asimismo, observaron la licitación lanzada y la adjudicación del contrato. A fines de agosto de 2022, Camacho, declaró ante los fiscales y no se dispuso ninguna medida en su contra.
Siete meses después se presentó la imputación del caso. También en agosto se hizo conocer la citación al gobernador para que declare por este caso y en septiembre la justicia envió al penal de Palmasola a Alejandro Soljanic, director de Seguridad Ciudadana de la Gobernación.
“No nos han notificado, nosotros tenemos conocimiento de manera extraoficial, nos tiene que notificar el juez que lleva la causa. Me imagino que eso saldrá la siguiente semana de despacho y nos señalarán la audiencia cautelar”, explicó Balcázar.
Son cuatro tipos penales que presentó la Fiscalía en contra de los investigados, entre ellos: Incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias, conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado.
