La determinación de procesar penalmente a una librecambista por delitos de agio y especulación, es una medida política del Gobierno e inconstitucional, que inciden en el incremento de detenidos preventivos, según consideró el presidente del Colegio de Abogados de Bolivia, Julio Egüez.
“Es una decisión política más que jurídica que va destinada a evitar el agio y la especulación. Más allá de que signifique delito, es un tema de carácter político que las autoridades encargadas de las finanzas tratan de sentar un precedente, como diciendo el cambista que venda dólares más alto de lo permitido por el Banco Central se va a la cárcel, y eso no es correcto, no es legal, no es constitucional”, dijo el jurista.
El Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Jorge Silva indicó la semana pasada, que recibió 100 denuncias contra casas de cambio y librecambistas que venden el dólar estadounidense por encima de Bs. 7,04 más que el tipo de cambio oficial de Bs. 6,96.
La instancia estatal añadió que, se activarán operativos de control y acciones penales por agio y especulación.
ANTECEDENTES
Una librecambista fue arrestada, el 17 de marzo, por el delito de agio por vender el dólar a Bs. 7,04 cuando el tipo de cambio oficial era de Bs 6,96.
La semana pasada, se determinó detención preventiva, para la mujer, en la cárcel de Obrajes, en La Paz.
“No va a ser la primera persona que va a ser procesada; si encontramos a otra librecambista que esté vendiendo por encima del precio oficial, se va iniciar el mismo proceso. Éste es el primer caso, pero ya tenemos varios puntos identificados no solo en la Paz, sino en el resto del país”, advirtió Silva.
Tras llegar a un acuerdo entre el Banco Central de Bolivia (BCB) y el Banco Unión para la compra de dólares a un tipo de cambio competitivo de Bs 6,95 a los exportadores del país, se generó una demanda por la divisa estadounidense.
El BCB determinó vender dólares de manera directa a la población, al tipo de cambio oficial de Bs. 6,96, lo que generó filas diarias en sus instalaciones, en la calle Ayacucho de La Paz.
El presidente del Colegio de Abogados, señaló que la detención preventiva, de acuerdo al Código de Procedimiento Penal, es una medida cautelar o precautoria que se aplica excepcionalmente, es decir, solo en delitos que ameriten gravedad.
“La ley establece que excepcionalmente se puede ordenar la detención preventiva, pero en Bolivia actualmente esta excepción se ha convertido en regla general y prioritaria, es decir los jueces hoy en día no toman en cuenta los principios constitucionales de la presunción de inocencia, los derechos fundamentales como el derecho a la libertad”, lamentó según informó ANF.
/NVY
