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Activista de DD.HH. considera que muerte de excívico potosino es atribuible al Gobierno

Gobierno puede ser responsable de la muerte de Manuel
El abogado activista de Derechos Humanos, Franco Albarracín / Archivo Página Siete

El Gobierno de Luis Arce podría ser señalado como responsable de la muerte del expresidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Juan Carlos Manuel Huallpa, debido a que se le impidió acudir con libertad a un centro de salud para atender sus enfermedades, explicó el lunes el abogado activista de Derechos Humanos, Franco Albarracín.

Debido a diabetes e hipertensión arterial, Juan Carlos Manuel murió el sábado; se declaró en clandestinidad en diciembre de 2021, mientras aún estaba al frente del Comcipo. En su lugar, Roxana Graz asumió una presidencia temporal que debía durar hasta que el presidente electo retorne.

“El estar en clandestinidad implica una muy fuerte y peligrosa señal para los Derechos Humanos, uno no puede ir fácil a la clínica o buscar la atención de un médico, esta muerte es atribuible al Gobierno de Luis Arce, pero demuestra también que la situación de persecución política está empeorando”, manifestó el activista, informó la Agencia de Noticias Fides.

Gobierno puede ser responsable de la muerte de Manuel
El expresidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Juan Carlos Manuel Huallpa / Página Siete

En relación al caso, la familia del fallecido precisó que su situación judicial le impedía ser atendido adecuadamente. Según relataron, costeaban los medicamentos de manera particular, porque era imposible acudir a los servicios de algún seguro médico.

La justicia investigaba a Manuel por la quema del edificio del Tribunal Departamental Electoral de Potosí y por el destrozo de vidrios a una patrulla durante los conflictos de 2019. Por esas mismas acusaciones, el también expresidente de Comcipo, Marco Pumari, está detenido preventivamente desde el 2021 en el penal de Cantumarca.

Según Albarracín, la persecución política en Bolivia es alarmante y avanza a niveles críticos como en Nicaragua, donde las violaciones a los Derechos Humanos son una constante.

/ LMPT


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