Los cabildos nacionales no tuvieron el respaldo que se esperaba y una Ley de amnistía para presos políticos, como demandaron, va en contra de las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), manifestaron desde el Gobierno la pasada jornada.
La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, aseguró que las concentraciones de ayer solo buscaron la impunidad por las violaciones de los Derechos Humanos durante los hechos de 2019, especialmente en Senkata y Sacaba.
“No se ha logrado la convocatoria, la adhesión que han intentado posicionar, que han intentado también algunos medios de comunicación generar a través de los espacios, a través de las convocatorias. No ha tenido la participación nacional”, declaró la autoridad a Bolivia TV.
Una de las demandas que coincidió en todas las concentraciones registradas ayer en el país, fue una Ley de amnistía para al menos 180 presos políticos, incluidos el gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, y la expresidente Jeanine Añez, informó la red de noticias Erbol.
Sin embargo, Alcón respondió que la recomendación diez del GIEI estableció que el Estado debe garantizar la inaplicabilidad de la amnistía en casos graves de violaciones a los Derechos Humanos, que fueron identificadas en el informe que emitió el ente internacional.
En ese sentido, el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, recurrió a sus redes sociales para respaldar a Alcón, afirmando que la solicitud de amnistía es contraria a la recomendación que se emitió.
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