La Corte Suprema de Perú determinó este jueves, que el expresidente Pedro Castillo continuará en la cárcel, al rechazar la apelación que presentó su defensa contra los 18 meses de prisión preventiva que recibió el 15 de diciembre, una semana después de ser destituido por intentar disolver el Congreso y establecer un gobierno de excepción.
«Sala Penal Permanente de la Corte Suprema ratifica resolución que ordenó 18 meses de prisión preventiva contra expresidente Pedro Castillo, investigado por el delito de rebelión (alternativamente, conspiración para rebelión) en agravio del Estado», señaló el Poder Judicial a través de redes sociales.
El juez supremo, Juan Carlos Checkley, estableció en su resolución que existen elementos para fundamentar la acusación de los delitos de rebelión y conspiración contra Castillo y algunos de sus colaboradores.
De esta manera, el expresidente permanecerá recluido en las instalaciones del penal de Barbadillo en el distrito de Ate, al Este de Lima.
El magistrado también estableció la comparecencia periódica del ex primer ministro Aníbal Torres, a quien le impuso una fianza y le restringió sus movimientos.
Señaló también en su resolución que existen elementos de convicción de presunta conspiración y que Castillo, junto a la exprimera ministra Betssy Chavéz, el exministro del Interior Willy Huerta y Aníbal Torres habrían concertado la decisión de disolver el Congreso e intervenir el sistema de Justicia.
DETENCIÓN
Castillo fue detenido en la Prefectura de Lima por su propia escolta cuando se dirigía hacia la Embajada de México para pedir asilo político, según las declaraciones del canciller y del propio presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.
La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema rechazó el recurso de amparo que había presentado su defensa y que solicitaba la anulación de la detención preliminar.
Durante la audiencia en ese tribunal, Castillo, que declaró desde la cárcel, negó los delitos de conspiración y rebelión que le atribuye la Fiscalía y aseguró que está injusta y arbitrariamente detenido.
El autogolpe de Estado y la detención de Castillo sumergieron a Perú en una escalada de protestas y manifestaciones violentas, en numerosos casos se reportaron actos vandálicos que incluso cobraron la vida de varias personas.
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