Luego que el Concejo Municipal de Oruro (CMO) sentó denuncia contra exconcejales ante el Ministerio Público por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias por la designación presuntamente ilegal de Oswaldo Olivera y David Choque como alcaldes, la investigación está avanzando y las entonces autoridades fueron convocadas a presentar declaraciones.
El director de Asuntos Jurídicos del CMO, Álvaro Aruquipa, informó que el pasado 14 de noviembre, el Ente Legislativo sentó la denuncia por los sucesos acontecidos precisamente en noviembre de 2019, referidos al reemplazo de Saúl Aguilar por Olivera como burgomaestre.
CASO OLIVERA
Según explicó Aruquipa, en ese entonces el CMO reconoció una renuncia que no existía del entonces alcalde sustituto Aguilar y valida esa renuncia publicada de forma apresurada y designa a otra máxima autoridad municipal.
En aquella ocasión Aguilar había publicado a través de redes sociales una renuncia al cargo de alcalde, aunque poco después se retractó; sin embargo, los entonces concejales tomaron la publicación virtual como un documento legal.
«Este hecho ha sido bastante llamativo porque inclusive en una interpelación constitucional no podía reconocerse esta renuncia como válida, entonces mal pudieron haber actuado estos concejales en su momento, por ello el Concejo Municipal tuvo que tomar esta determinación de acudir y poner en conocimiento al Ministerio Público», refirió.
En ese sentido una vez puesta la denuncia, la investigación está avanzando y la Dirección de Asuntos Jurídicos del CMO tomó conocimiento que los exconcejales fueron convocados a brindar declaraciones sobre todo lo conocido, de los cuales algunos se están acogiendo al derecho al silencio.
CASO CHOQUE
En lo que refiere al segundo caso correspondiente a la designación de Choque, se sigue el mismo procedimiento ya que al igual que Olivera, la forma de proceder de las anteriores autoridades fue la misma de «desconocer la titularidad de un alcalde y designar a uno sustituto».
Asimismo, Aruquipa aclaró que ambas designaciones se consideran ilegales porque no cumplieron los procedimientos correspondientes, habiendo un desconocimiento inclusive a la ley de prórroga de mandato.
«Esa ley de prórroga ampara a todas aquellas autoridades que hayan ingresado a la titularidad mediante sustitución, pero acá no se ha respetado este principio legal entonces se hará la investigación a cargo del Organo Judicial», aseveró.
En una etapa preliminar, los exconcejales fueron denunciados por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contraria por emitir ordenanzas y leyes municipales directamente contrarias a la Constitución y a las leyes, sin embargo, el curso de investigación puede ampliarse y dar otro tipo de llamamiento inclusive por la autoridad fiscal, situación que va ir dando curso la propia investigación.
