Respecto a la asignación de recursos en el Presupuesto General del Estado (PGE-2023), la Asociación de Jueces y Magistrados de Bolivia emitió este domingo un pronunciamiento expresando su preocupación por considerar que la misma es precaria, debido a que no llega ni al 0.50% del total del gasto estatal.
Los magistrados se reunieron en sesión extraordinaria, para manifestar que el presupuesto asignado aparentemente vulnera el acceso a una justicia pronta y oportuna reconocida constitucionalmente a todo habitante del país, reportó la red Erbol.
Asimismo, aseveraron que el Órgano Judicial tiene el mandato constitucional de hacer funcionar el aparato de sistema de división de poderes; además de asumir un rol componedor de la sociedad que acude a sus oficinas en litigios judiciales.
Voluntad política
Por otro lado, resaltaron que se evidencia ausencia de voluntad política para atender las recomendaciones del Informe del Relator Especial Diego García-Sayán.
Recordaron que la autoridad sugirió otorgar recursos apropiados para mejorar sueldos de los operadores de justicia, además de la creación de nuevos juzgados, formación del personal y que el Órgano Judicial mejore su cobertura a nivel nacional.
También explicaron que la independencia judicial depende de la autonomía presupuestaria y ante la situación públicamente solicitan el incremento que garantice condiciones del servicio de los operadores de justicia.
Finalmente, exigieron la restitución de los salarios que se vieron vulnerados con el recorte presupuestario de 2021, instando a que alcancen a cubrir la planilla de personal.
Detallaron que requieren recursos para el personal del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, tribunales departamentales, Consejo de la Magistratura y Dirección Administrativa Financiera del Órgano Judicial.
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