Un informe sobre las denuncias contra los líderes cruceños, la situación jurídica de los detenidos en los operativos policiales durante los días del paro en Santa Cruz, en el desbloqueo de carreteras, y en los enfrentamientos por el cerco, fue la solicitud de informe escrito de la Bancada de Creemos hecha mediante una nota, al fiscal General del Estado, Juan Lanchipa.
Al respecto, el diputado de Creemos, Sergio Maniguari, explicó que las autoridades deben informar qué acciones siguen contra quienes sembraron zozobra en Santa Cruz, cuando el paro indefinido era pacífico, exigiendo que la justicia mida con la misma vara que a opositores, a los grupos de choque del Gobierno.
En tanto, el diputado Jorge Saucedo aseveró que el Gobierno en coordinación con las autoridades judiciales impulsa una persecución contra líderes de oposición y deja libre de culpa a los masistas, de acuerdo a un boletín institucional.
“El Gobierno busca instalar un circo que aleje la atención ciudadana hacia otros temas, para encubrir su incapacidad, su división interna y sus múltiples problemas de corrupción”, subrayó.
Petición de Infome Escrito
En el documento, exigen a Lanchipa a responder diez preguntas en el lapso de diez días, de acuerdo al Reglamento de la Cámara de Diputados; además de la obligación de adjuntar documentos de respaldo.
“¿Cuáles son las acciones legales que inició contra dirigentes de la Federación Sindical Única de Trabajadores Indígena Originarios de Santa Cruz y otros sectores sociales que promovieron el cerco a Santa Cruz?”, se establece una de las preguntas.
Asimismo, consultaron si el Ministerio Público aprehendió a los sujetos encapuchados que agredieron a miembros de la prensa, como a Yerko Guevara de la Red Unitel, a quien lo tumbaron al suelo y lo golpearon.
Por otro lado, solicitaron información sobre si existen denuncias contra efectivos policiales por su accionar violento y desproporcionado durante los operativos de intervenciones a los puntos de bloqueo; además del momento en el que dispersaron a los sectores en conflicto en los 36 días de paro.
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