La Dirección Departamental de Seguridad Ciudadana de la Gobernación, recibió una respuesta negativa del Ministerio de Economía y Finanzas ante el pedido de asignación de otra partida presupuestaria para el pago de prediarios en las cárceles de Oruro.
En las mesas de trabajo del Consejo Departamental de Seguridad Ciudadana surgió la preocupación respecto al presupuesto que la Gobernación destina a Seguridad Ciudadana, fruto de los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).
Toda vez que del total, aproximadamente el 50 por ciento está orientado a la alimentación de los privados de libertad y el pago de servicios básicos del penal La Merced y San Pedro, es en ese sentido que hicieron la consulta al Ministerio de Economía.
«Nos ha respondido el Ministerio de Economía, a través del viceministerio correspondiente y hay que informar que lamentablemente nos ha dicho que ese pago tenemos que cancelarlo con recursos IDH, nosotros esperábamos otra respuesta», apuntó el director departamental de Seguridad Ciudadana, Edgar Moncada.
El presupuesto para seguridad ciudadana este 2022 es aproximadamente seis millones de bolivianos.
La otra mitad del presupuesto se destina a equipamiento del Comando Departamental de Policía, ya sea con vehículos, equipos, mobiliario, insumos de bioseguridad, y todo lo que esa instancia requiera y solicite a la Dirección Departamental de Seguridad Ciudadana.
«Afecta realmente a que nuestra Policía Boliviana sea equipada para que brinde un mejor servicio y una mejor atención a ciudadanos orureños, esa era la preocupación en los consejos municipales y consejos departamentales de seguridad ciudadana», añadió.
Moncada advirtió que no se quedarán conformes, sino que analizarán cuidadosamente la respuesta del Ministerio de Economía para ver si hay alguna otra alternativa.
