En medio de la aparente división del Movimiento Al Socialismo (MAS), ahora el diputado oficialista, Patricio Mendoza cuestionó que los ministros de Justicia, Iván Lima y de Gobierno, Eduardo Del Castillo no se pronuncien sobre la vulneración de los derechos humanos en Santa Cruz por el conflicto del Censo de Población y Vivienda, y acusó de que estas autoridades tienen acuerdos con el cívico Rómulo Calvo y el gobernador Fernando Camacho.
Mendoza se asombró que hasta la fecha, los funcionarios no hayan emitido una sola palabra, al menos el titular de Justicia, quien según el diputado es el principal Ministerio que debería trabajar en esa situación.
Consultado sobre las acusaciones de persecución política por las autoridades cruceñas, el diputado indicó que más bien se hará justicia si se los detiene.
“Cómo vamos a decir persecución política cuando los hechos están ahí, las muestras, las muertes, las víctimas, los transportistas y gremialistas que no pudieron llevar el pan a su casa. Esto no es persecución política, si se logra detener a estos señores (Calvo y Camacho), va a ser justicia para los bolivianos. Bolivia entera está esperando esta situación”, manifestó el político oficialista, según reporte de LA PATRIA en la Sede de Gobierno.
Asimismo, recalcó que se debe dar la pena máxima a las mencionadas personas y desde la cárcel tampoco vulneren los derechos de las personas, los calificó como un peligro para Bolivia.
“Para mí que hay un pacto entre el ministro de Justicia y el de Gobierno con Rómulo Calvo y Fernando Camacho, ahora no sé si será la orden del Presidente (Luis Arce), pero no lo creo, yo sé que Arce está trabajando para meterlos presos, los que no están trabajando son estos ministros que están sentados en sus laureles, sin hacer nada”, añadió Mendoza al mencionar que se los interpelará también una vez que den un informe a la Cámara de Diputados.
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