Consultado sobre si se iniciarán acciones legales contra el gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, y quienes impulsaron el paro en Santa Cruz, el vocero presidencial, Jorge Richter, prefirió no referirse al respecto; no obstante, cuestionó la responsabilidad de las muertes y pérdidas económicas durante la medida de presión.
El funcionario evitó responder si se iniciarán acciones judiciales contra la autoridad, no obstante, reflexionó al respecto durante una entrevista en la red PAT la jornada precedente.
«¿Quién se hace responsable de cuatro muertes por la generación desmedida de violencia en Santa Cruz? ¿Quién se hace responsable por más de 1.200 millones de dólares? (…). Solamente alguien tuvo un día la ocurrencia de salir y establecer una consigna política diciendo que el Censo se haga en 2023, para que 36 días después diga que eso en realidad no tiene tanta importancia, que el Censo se puede hacer el 2024», afirmó.
Santa Cruz realizó un paro cívico de 36 días pidiendo que la encuesta poblacional se haga en 2023, después de que el Gobierno lo pospuso para el 2024.
Posteriormente, los líderes de la movilización aceptaron que el Censo se haga en 2024 porque el Gobierno se comprometió a entregar los resultados en septiembre de ese año, con el fin de que la redistribución de ingresos y de escaños parlamentarios se aplique antes de las elecciones generales de 2025.
Anteriormente, distintas autoridades gubernamentales apuntaron a los líderes de la movilización, Fernando Camacho, Rómulo Calvo y Vicente Cuéllar, como los responsables de la violencia, pérdidas económicas y supuestas vulneraciones a derechos durante la protesta, no obstante, Richter evitó responder si se iniciarán juicios contra estas personas, según informó Brújula Digital.
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