La Misión Técnica en Bolivia de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), hizo un llamado a todos los actores para asegurar el respeto y goce de los derechos humanos durante el paro indefinido en Santa Cruz.
A través de un pronunciamiento, el organismo afirmó que el derecho a la protesta no puede limitar los derechos de otras personas, especialmente de aquellas que están en situaciones de mayor vulnerabilidad.
“Las víctimas de violencia de género, por ejemplo, deben poder recibir atención por las instituciones competentes y organizaciones de la sociedad civil sin restricciones. La denuncia sobre cualquier limitación debe ser investigada oportunamente”, indica el documento.
Hizo mención a que los hechos de violencia ocurrido en pasados días con la pérdida de vida humanas, heridos, daños a la propiedad, así como ataques a instituciones y organizaciones sociales de cualquier naturaleza y de cualquier actor no tienen cabida.
“La denuncia de una violación sexual colectiva de una mujer por un grupo de manifestantes debe ser investigada de manera efectiva y con prontitud”, se lee en el pronunciamiento de la Oacnudh.
También demandó la acción de todos los organismos del Estado, en su rol de garante de los derechos y libertades, para respetar y proteger los derechos humanos, e investigar toda alegación de violación de derechos.
Santa Cruz cumple 25 días de un paro indefinido en demanda de que el Censo se realice el 2023, y en una pasada jornada se advirtió que continuará la medida de presión si no se liberaba a al menos 17 personas que fueron aprehendidas por los hechos de violencia suscitados el 11 de noviembre.
Asimismo, la Oacnudh instó a que se debe evitar actos de racismo y discriminación como lo ocurrido en el municipio cruceño de Concepción contra mujeres ayoreas.
Por otro lado, resalta la importancia de proteger la labor de las y los trabajadores de medios de comunicación, garantizar el respeto al debido proceso en el marco de detenciones, y asegurar en todo momento el respeto de los estándares internacionales por parte de las fuerzas policiales.
“La Defensoría del Pueblo tiene una responsabilidad clave en la promoción y protección de los derechos humanos en el país”, señala el comunicado de esta organización.
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