Por la muerte del migrante mexicano, Anastasio Hernández, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) inició el primer proceso contra Estados Unidos. La víctima falleció aparentemente por la intervención de agentes de migración estadounidenses en 2010 en San Diego.
El caso se cerró en 2015, pese a la presentación de vídeos y relatos de testigos que demostraban que Hernández fue golpeado hasta la muerte, por lo que familiares de la víctima demandan «verdad y justicia».
Desde Estados Unidos afirman que hubo una investigación por fiscales federales experimentados que determinaron que las pruebas supuestamente eran insuficientes para presentar cargos penales, reportó el portal Europapress.
Asimismo, el representante interino de Estados Unidos, Thomas Hastings, ante la OEA subrayó diferencias de opinión sobre que la CIDH admitiera este caso.
“(El Gobierno en un acuerdo) pagó un millón de dólares (a la familia) para resolver todo tipo de reclamación de los actos u omisiones que dieron lugar al caso», recordó.
Detalles del caso
La esposa de Hernández, María Puga, relató ante los comisionados de la CIDH que se enteró por un oficial que su pareja estaba en el hospital, con muerte cerebral, el 29 de mayo de 2010, y que en ese momento nadie les explicó lo que sucedió.
«Me enteré de los detalles después, el día de su funeral (…) se empezó a difundir un video, escuché los gritos de dolor de mi esposo», expresó.
Mencionó que tras dos años tuvo acceso a un video en el que aparentemente se observa a 13 sujetos que lo agreden y se presume que eran agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas y Patrulla Fronteriza.
«Vi las imágenes de cómo mi esposo estaba rodeado de agentes, golpeándolo, torturándolo, le pusieron la pistola eléctrica, lo humillaron, le quitaron su ropa», añadió.
Audiencia
Ante la situación, Puga explicó que al solicitar a la CIDH una revisión del caso se busca que los oficiales involucrados y el Gobierno pidan perdón a la familia por el asesinato de su esposo.
“Que haya cambios en estas políticas de uso de la fuerza que tanto han hecho sufrir», añadió.
Durante la audiencia los representantes de la familia, de la Clínica Legal Internacional de Derechos Humanos de la Universidad de Berkeley y de Alliance San Diego denunciaron “encubrimiento» de las autoridades estadunidenses.
Afirmaron que, aunque la víctima no representaba una amenaza para la seguridad de los agentes, hicieron un uso de la fuerza “desproporcionado”.
«Estados Unidos no ha refutado ni respondido a estos alegatos. De hecho, intenta justificar la utilización de la fuerza de los agentes y la decisión del Departamento de Justicia de concluir la investigación penal al sostener que Anastasio era combativo y estaba agrediendo», concluyó.
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