La denuncia contra el Gobierno fue interpuesta por la bancada de Comunidad Ciudadana (CC) ante la Unión Europea (UE), la Organización de los Estados Americanos (OEA), el representante permanente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH), por la violencia de grupos de choque y el cerco a Santa Cruz.
La diputada de CC, Lissa Claros, manifestó que ni en tiempos de guerra se vieron ese tipo de actitudes, a las que calificó como dictatoriales, y que está generando confrontación entre los ciudadanos por la disputa de la fecha de realización del Censo de Población y Vivienda.
“Quiero recordarle al Gobierno del señor Arce que fue la ministra de Planificación la que dijo claramente que el Censo estaba previsto para el 16 de noviembre de 2022, ni siquiera para el 2023 ni 2024”, manifestó la legisladora según LA PATRIA Radio en la Sede de Gobierno.
Ante distintos atropellos a la ciudadanía cruceña, como el cerco y la represión a los que acatan el paro indefinido, Claros anunció que hoy se presentó la denuncia ante organismos internacionales para que se tomen acciones; además, también presentaron una carta al Presidente, Luis Arce, para que deje sin efecto el Decreto Supremo 4760 que dispone el Censo en 2024.
En caso de que el mandatario no abrogue esa normativa en las próximas horas, los legisladores de la oposición valorarán medidas pacíficas, pero extremas, para frenar la escalada de violencia en Santa Cruz y otras regiones del país.
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