El acuerdo de aceptación de culpabilidad suscrito por los cómplices del exministro de Gobierno, Arturo Murillo ante la Corte del Distrito Sur de Florida, Estados Unidos, establece 22 cláusulas con obligaciones que los procesados aceptan cumplir como parte del proceso abreviado. La audiencia del juicio se realizará este 20 de octubre.
Luis Berkman, propietario de la empresa Bravo Tactical Solutions LLC (BTS), aceptó culpa por los cargos de conspiración para cometer el delito de lavado de dinero y soborno de funcionarios extranjeros. Su hijo Bryan Berkman, se declaró culpable del delito de conspiración para defraudar.
Sergio Rodrigo Méndez se declaró culpable de los delitos de conspiración para cometer lavado de dinero, blanqueo de activos y pago de sobornos a funcionarios extranjeros, con una condena de tres años a diez años de cárcel.
Philip Lichtenfeld se declaró culpable de conspiración para defraudación, según información de la Corte del Distrito Sur de Florida, Estados Unidos.
La cláusula octava del acuerdo de admisión de culpa suscrito por los cuatro imputados determina textualmente que el acusado “no implicará falsamente a ninguna persona o entidad y que no cometerá más delitos”.
La cláusula décima establece a su vez que “el acusado admite que la Corte no tiene ninguna obligación de otorgar una moción de reducción de la pena debido a la cooperación que pueda prestar”.
Los acusados también renunciaron a la posibilidad de plantear cualquier acción o apelación de tipo constitucional o legal en contra de la sentencia.
También se obligan, según la cláusula 17 a informar a las autoridades de Estados Unidos acerca de cualquier transferencia de dinero que sea superior a los $us 10 mil.
La cláusula 20 advierte a los procesados que su condición migratoria o residencia pueden ser revertidas y retiradas como consecuencia de la sentencia en su contra.
La audiencia de Murillo está prevista para el jueves 20 de octubre con su declaratoria de culpabilidad.
El exhombre fuerte del Gobierno de Añez está detenido desde mayo de 2021 por lavado de dinero ilícito proveniente de un sobreprecio en la compra de material antidisturbios.
