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Fiscalía dispone que Camacho se defienda en libertad por la presunta compra irregular de un carro bombero

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, declara a los medios / ERBOL
La autoridad departamental acudió a la Fiscalía para prestar su declaración informativa por la denuncia en su contra, sin embargo se acogió al derecho de guardar silencio.

La Fiscalía dispuso que el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, se defienda en libertad, tras declarar por la supuesta compra irregular de un vehículo bombero, hecho que fue denunciado por el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Rolando Cuéllar.

La autoridad departamental acudió a la Fiscalía para prestar su declaración informativa por la denuncia en su contra, sin embargo se acogió al derecho de guardar silencio.

“Estamos con la conciencia tranquila, con la declaración en nada porque yo me abstuve a declarar y todo bajo lo que manda la ley y nos han dispuesto tranquila libertad”, afirmó Camacho tras salir de la Fiscalía.

El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Rolando Cuellar, fue quien denunció este caso en la Fiscalía cruceña, en el que también están implicados el secretario de Gestión Institucional, Miguel Ángel N. y el representante legal de la empresa RM Representaciones, Alessandro A. G.

Según el diputado, la Gobernación firmó un contrato para la compra de un carro bombero el 28 de enero de 2022 y que la entrega estaba prevista para el 27 de junio, sin embargo, no se habría concretado.

“Ni siquiera concluyó el proceso con las ambulancias, que están dentro del plazo, y ya están buscando cómo generar un mensaje lleno de mentiras y, obviamente, van a buscar cómo amedrentar, van a querer meter miedo, ese es el modo que opera el MAS y esto fue el resultado”, cuestionó Camacho.

Asimismo, aseguró que no participó “en nada” y que al contrario una comisión se encargó de llevar a cabo el proceso para adquirir el carro bombero de manera legal.

La autoridad está siendo investigada por los supuestos delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, malversación de fondos, contratos lesivos al Estado e incumplimiento de contrato y uso indebido de influencias.

/ABH

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