Bolivia Estado Gobernación Judicial Noticias Sucesos

Suspenden la audiencia de medidas cautelares del gobernador de Potosí

El gobernador de Potosí, Jhonny Mamani, en una anterior rueda de prensa / EL POTOSÍ
El jurado cautelar segundo en lo penal de la Villa Imperial tuvo que aplazar el proceso debido a que dos de los imputados alegaron que tenían Covid-19.

La audiencia de medidas cautelares a la que debía ser sometido el gobernador de Potosí, Jhonny Mamani, y los otros acusados por las supuestas irregularidades en la compra de 41 ambulancias, fue suspendida y reprogramada para el 15 de agosto.

Debido a que dos de los imputados alegaron que tenían Covid-19 y la ausencia del cuaderno de investigaciones, el jurado cautelar segundo en lo penal de la Villa Imperial tuvo que aplazar el proceso, informó El Deber.

“Hemos salido de la audiencia, se ha suspendido porque están utilizando chicanas, no había el cuaderno procesal y uno de los coimputados adjuntó un certificado médico, alegando que tiene Covid-19”, señaló la diputada de Comunidad Ciudadana (CC), Lissa Claros.

Tras la suspensión, el gobernador Mamani, afirmó que desde un principio se comprometió a colaborar con las autoridades judiciales.

“No nos vamos a excusar. Vamos a acudir a todos los escenarios que seamos convocados, soy el más interesado en que este caso se pueda aclarar”, aseguró la autoridad.

Mamani descartó prestar atención a las declaraciones de legisladores departamentales y nacionales que consideran que en este proceso se comenzó a utilizar chicanas (artimañas).

CASO AMBULANCIAS

Las investigaciones dan cuenta que la Gobernación de Potosí dispuso la adquisición de 41 ambulancias para ese departamento.

Las ambulancias compradas con presuntas irregularidades por la Gobernación de Potosí / RR.SS.

En ese marco, los vehículos llegaron hasta el puerto de Iquique, Chile, donde se constató que eran reacondicionados. El caso fue denunciado ante el Ministerio Público, aunque en primera instancia el gobernador Mamani deslindó toda responsabilidad.

Asimismo, se conoció que en diciembre de 2021 se pretendía pagar Bs 20,5 millones por este lote, pero ante las denuncias, el contrato fue anulado.

En marzo de este año, un informe de la Procuraduría General del Estado estableció que existen indicios evidentes de que pudiese existir responsabilidad de la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE).

/NVY