En el caso de la contratación que Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) hizo con la Empresa Metalúrgica “Carlos Caballero” para construcción de la Planta de Tratamiento de Agua en el Salar de Uyuni, el ministro de Hidrocarburos, Franklin Molina, deslindó responsabilidades y calificó de delincuentes a los legisladores que lo denunciaron.
“Nosotros no participamos en el proceso de selección; es más, ahí se denota la incoherencia inclusive de esta demanda porque, reitero, esa información pública que seguramente YLB tiene que informar”, señaló la autoridad.
Indicó que cuando se presenta una denuncia tiene que mostrar pruebas, elementos que sustenten una denuncia y cuando existe ello, definitivamente este se convierte en un “delincuente”, informó ANF.
Fue la diputada de Comunidad Ciudadana (CC), Luciana Campero, quien a mediados de julio denunció irregularidades en la adjudicación de la planta; el sindicato de trabajadores de YLB refrendó esa denuncia respecto del cobro de un supuesto soborno del 5% por la adjudicación de la obra de 50 millones de dólares a la metalúrgica Caballero.
Por su parte, el ministro Molina dijo a finales de julio que presentaría ante la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados la denuncia contra la diputada y que acudirá a la justicia ordinaria porque los legisladores rebasaron sus atribuciones.
“Más allá del tema del rol de fiscalización, que está bien, no solamente los diputados deben ejercer, sino aquí la pregunta es, cuál es el grado de preocupación de estas personas; además que van un poco más allá de lo que son sus facultades”, manifestó el ministro de Hidrocarburos.
Molina reiteró varias veces que él no tiene nada que ver en esta licitación y responsabilizó todo al personal de YLB, esta empresa forma parte de la estructura del Ministerio de Hidrocarburos.
Según el organigrama de ese despacho, YLB es una de las cuatro empresas estratégicas que dependen de ese ministerio.
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